Productores De Cebolla Continúan Protestas En Rechazo A La Importación Del Producto

Los productores de cebolla en la República Dominicana siguen enfrentando una grave crisis debido a las importaciones masivas del producto, que amenazan con llevarlos a la quiebra. Según datos del economista y experto agrícola Winston Marte, las importaciones de cebolla han aumentado un 600% en los últimos años, pasando de un promedio de 233,344 quintales entre 2017 y 2019 a 4,675,344 quintales entre 2021 y 2023. Este incremento ha afectado directamente a los agricultores, quienes no encuentran mercados para sus productos nacionales.

El mes de diciembre de 2023, por ejemplo, las importaciones alcanzaron un promedio de 33,662 quintales, es decir, seis veces más que lo que se importaba en gobiernos anteriores. Esta situación ha llevado a los productores de cebolla en municipios como Sabana Larga, Azua, a lanzar sus productos a la vía pública como protesta contra la sobreabundancia de cebolla importada.

Además de la competencia desleal, los agricultores también enfrentan una deuda de más de 200 millones de pesos por parte del Ministerio de Agricultura, situación que agrava aún más su difícil situación. La cantidad de cebolla importada, que supera los 700,000 quintales, ha desplomado los precios del producto criollo, que actualmente se vende entre 700 y 800 pesos por saco, muy por debajo de los 15,500 pesos que necesitan los productores para cubrir sus costos.

A pesar de las advertencias hechas al ministro de Agricultura, Limber Cruz, sobre la sobreproducción y la crisis en el sector, no se han tomado medidas efectivas. Los agricultores denuncian que existe un negocio dentro del Ministerio de Agricultura, que estaría favoreciendo las importaciones a través de pagos de entre 250,000 y 300,000 pesos por contenedor de cebolla, lo que ha empeorado aún más la situación.

Los productores de cebolla, provenientes de provincias como Azua, San Cristóbal, Elías Piña, San Juan y Constanza, han solicitado transparencia sobre las importaciones y han pedido al gobierno que pague las deudas pendientes para evitar que más familias caigan en la quiebra. Sin embargo, hasta ahora no han recibido respuesta del Ministerio de Agricultura, a pesar de las solicitudes formales de información sobre las importaciones bajo la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública.