El Congreso de Colombia está a punto de debatir un proyecto de ley que ha generado gran interés y controversia, el cual busca prohibir la venta y difusión de productos relacionados con miembros del crimen organizado, incluidos aquellos que han fallecido, como el infame narcotraficante Pablo Escobar. La propuesta se presenta como un intento de frenar la glorificación de figuras criminales y su impacto en la memoria histórica del país.
En Medellín, es común encontrar tiendas que venden artículos de recuerdo relacionados con Escobar y sus asociados, como llaveros, camisetas y réplicas de documentos oficiales. Algunos compradores defienden estos souvenirs como una forma de recordar un capítulo histórico oscuro, pero muchos consideran que estos objetos perpetúan la imagen de un criminal, lo que podría tener consecuencias perjudiciales para la sociedad.
El congresista Cristian Avendaño, autor del proyecto, propone que el Estado regule el narcoturismo y la venta de estos artículos, argumentando que glorificar a criminales como Escobar puede convertirlos en modelos a seguir, especialmente entre las nuevas generaciones. Según Avendaño, esta práctica no solo promueve una imagen distorsionada del pasado, sino que también genera un proceso de revictimización para aquellas personas que sufrieron directamente los efectos de la violencia del narcotráfico.
El proyecto también incluye sanciones como multas pedagógicas que van desde los 50 hasta los 200 dólares, la suspensión temporal de la actividad comercial involucrada o incluso la destrucción de los productos en cuestión. Se prohibiría además el porte, comercialización y distribución de estos artículos. Sin embargo, el proyecto también establece excepciones para material destinado a la pedagogía ciudadana o la investigación histórica.
La propuesta ha desatado un intenso debate. Algunos argumentan que prohibir estos productos afectaría la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado en la Constitución, mientras que otros defienden la necesidad de proteger la memoria histórica del país y evitar que se siga promoviendo la cultura de la mafia.
Víctimas del narcotráfico, por otro lado, han expresado su apoyo a la iniciativa, asegurando que la venta de estos recuerdos solo contribuye a lucrar con el dolor de quienes vivieron años de violencia y sufrimiento a causa del narcotráfico.
Si la propuesta avanza, deberá pasar por cuatro debates en el Congreso antes de convertirse en ley. Se prevé que el proceso de socialización con las comunidades tome hasta seis meses. Mientras tanto, el país continúa discutiendo cómo abordar su pasado violento de manera responsable y constructiva.
