Faride Raful Pide Disculpas Tras Conflicto Por Cierre De Barbería

La controversia generada por el allanamiento a una barbería y las posteriores declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, motivaron un amplio y encendido debate entre comunicadores, analistas y ciudadanos sobre el respeto a las libertades públicas y el papel del Estado en el control del orden social.

El caso, que se remonta a Semana Santa, estalló cuando se difundieron imágenes y un expediente policial que señalaban, erróneamente, que en el negocio del joven barbero se expendían bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. Esta versión fue luego desmontada públicamente por el afectado, lo que generó indignación generalizada y fuertes cuestionamientos al accionar de la Policía Nacional y a la postura inicial de Raful, quien respaldó la intervención.

Ante la presión social, la ministra se reunió con el joven, le pidió disculpas y reconoció el exceso. El gesto fue valorado por varios comentaristas como un paso en la dirección correcta. “Errar es humano, pero rectificar es de sabios”, expresaron algunos participantes del debate en el programa “Rumba FM”, reconociendo la apertura al diálogo y el cambio de tono por parte de la funcionaria.

Sin embargo, otros sectores consideran que el gesto fue producto de una estrategia de control de daños ante el rechazo público. “Aquí no se estaba viendo orden, se estaba viendo autoritarismo, control. Eso fue lo que la gente rechazó”, afirmó uno de los comunicadores, quien también denunció que desde Interior y Policía se habrían promovido acciones para acallar a críticos.

El caso también abrió espacio para una reflexión más amplia sobre la necesidad de una verdadera reforma institucional dentro de la Policía Nacional, una entidad que, según se expresó, arrastra una cultura autoritaria y prácticas heredadas del pasado. “La policía muchas veces actúa como aquello que persigue. Hay que desmontar esa mentalidad”, señalaron.

Algunos participantes enfatizaron que el problema de fondo no es un incidente aislado, sino la aplicación ambigua de políticas que pueden derivar en la vulneración de derechos. “No se trata de atacar a la persona, sino de exigir políticas públicas coherentes con la Constitución y con el respeto a los ciudadanos”, argumentaron.

El debate concluyó con un llamado a fortalecer la institucionalidad, mejorar la comunicación gubernamental y consolidar una cultura de respeto a las libertades. “La sociedad dominicana ha demostrado que no aceptará retrocesos en materia democrática. Aquí hay una línea que no se puede cruzar”, advirtieron.