Julio Martínez Pozo Se Pronuncia Sobre Prohibición Del Uso De Apodos En Procesos Judiciales

Santo Domingo, 1 de mayo de 2025 — El comunicador  Julio Martínez Pozo se pronuncia sobre prohibición del uso de apodos en procesos judiciales. Pozo valoró como un “paso positivo aunque tardío” la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe el uso público de apodos o motes en los procesos penales, práctica común en casos de corrupción y narcotráfico en República Dominicana.

 Martínez Pozo celebró que con la sentencia TC/0252/25 se haya derribado lo que definió como “uno de los componentes esenciales del lawfare” en el país, señalando que estas etiquetas mediáticas vulneraban derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el buen nombre y la dignidad humana.

“El uso de motes como ‘Medusa’, ‘Pulpo’, ‘Caracol’ no era más que una estrategia para contaminar la opinión pública y condenar sin juicio previo”, afirmó. “Esto no nació aquí. Eso está en el manual del lawfare. Y aquí lo aplicaron al pie de la letra con complicidad de algunos medios”.

El comunicador también cuestionó el rol de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y del Ministerio Público, pero fue más allá al responsabilizar a los medios de comunicación que, según dijo, “replicaron alegremente estos motes, conscientes del daño que causaban”.

“Yo nunca me presté a ese juego. Nunca llamé a esos casos por sus apodos, porque sabía que era un abuso mediático disfrazado de justicia”, sentenció.

Martínez Pozo citó al jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los principales teóricos del concepto de lawfare, para subrayar que la práctica de asignar nombres llamativos a los casos judiciales responde a una estrategia deliberada de destrucción política y mediática del adversario.

Asimismo, calificó la sentencia del Tribunal Constitucional como una herramienta para reencauzar el sistema judicial hacia una cultura de debido proceso, pero advirtió que el daño a muchas figuras públicas ya está hecho.

“Una vez que se le pega el mote a una persona, aunque sea descargada, ese estigma no se borra. Ya arruinaste una carrera, una familia, un proyecto de vida. ¿Quién paga por eso?”, se preguntó.

Finalmente, exhortó a los medios y comunicadores a actuar con responsabilidad y a no prestarse a campañas mediáticas que sustituyen el derecho por el espectáculo. “La justicia no puede seguir siendo un reality show”, concluyó.