Agentes Del DHS Irrumpen En Hogar De Familia En Oklahoma Y Confiscan Pertenencias Y Ahorros En Efectivo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha sido objeto de fuertes críticas tras un polémico operativo realizado la madrugada del 24 de abril en la ciudad de Oklahoma. Según informaron medios locales y testigos, más de 20 agentes federales de diferentes agencias llegaron fuertemente armados a una vivienda recién alquilada por una familia estadounidense procedente de Maryland. Los oficiales ingresaron por la fuerza, rompiendo puertas y ventanas, y sacaron a los residentes —entre ellos una menor de edad— a punta de pistola. Una vez dentro, los agentes confiscaron computadoras, teléfonos celulares, documentos personales y una cantidad considerable de dinero en efectivo correspondiente a los ahorros familiares.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el allanamiento formaba parte de una operación más amplia dirigida contra una red de tráfico de personas, y la vivienda estaba vinculada a la propietaria anterior, quien estaría siendo investigada por supuestos nexos con dicha organización criminal. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado ninguna evidencia que relacione directamente a los nuevos inquilinos con actividades ilícitas. Esta situación ha provocado indignación entre líderes comunitarios y representantes legislativos del estado de Oklahoma, quienes han calificado la acción como una “injusticia” y han solicitado una investigación federal para determinar si se violaron los derechos de esta familia.

Mientras la investigación continúa, el DHS mantiene en su poder las pertenencias personales de los afectados, incluyendo los dispositivos electrónicos y el dinero en efectivo, lo que ha dejado a la familia en una situación vulnerable y con temor de permanecer en la vivienda. La madre de familia ha solicitado asistencia legal y apoyo psicológico, alegando que el trauma vivido ha afectado seriamente su estabilidad emocional y la de sus hijas. Varios legisladores han elevado el caso ante el Congreso, asegurando que no se tolerarán abusos de poder por parte de las autoridades y que el sistema debe responder ante errores que afectan directamente a ciudadanos inocentes. El incidente reabre el debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos civiles.