Aplazado Por Sexta Vez El Juicio Contra Los Acusados De Alterar Expedientes Penales En La Operación Gavilán

Santo Domingo.– Por sexta ocasión fue aplazado el inicio del juicio de fondo contra los 17 imputados en el caso de la Operación Gavilán, una red acusada de borrar y alterar miles de expedientes penales a cambio de sobornos. La audiencia, que se conocería este martes en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fue suspendida debido a una emergencia médica que afectó a una de las acusadas.

Según informó el Ministerio Público, Dilcia Peña quien previamente había admitido su participación en los hechos fue trasladada de urgencia a un centro de salud tras presentar un cuadro de hipertensión arterial. Por este motivo, el tribunal decidió reprogramar la vista para el próximo 15 de mayo.

Los imputados fueron enviados a juicio en noviembre de 2024, tras una extensa investigación que reveló un entramado de corrupción judicial con graves implicaciones para el sistema penal dominicano. El Ministerio Público insiste en que el caso es emblemático y espera que la justicia avance sin más retrasos.

La Operación Gavilán destapó un esquema de corrupción que operaba dentro del Poder Judicial, donde fiscales, empleados administrativos y personas externas colaboraban para eliminar antecedentes penales de individuos a cambio de sumas de dinero. Entre los acusados figuran exempleados del Ministerio Público y oficiales judiciales, algunos de los cuales se acogieron a acuerdos con la fiscalía, mientras otros mantienen su inocencia. El Ministerio Público ha calificado la estructura como una amenaza directa a la seguridad jurídica del país.

Este nuevo aplazamiento ha generado malestar entre representantes de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quienes han advertido que los reiterados retrasos podrían afectar el ritmo del proceso y la percepción ciudadana sobre la efectividad del sistema judicial. Organizaciones de la sociedad civil también han expresado preocupación, solicitando a las autoridades judiciales tomar medidas para garantizar que el juicio avance sin más dilaciones y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.