Senadora Propone Zonas De Tolerancia Para Música Alta En Medio De Críticas Por Incautación De Bocinas

En medio de las controversias generadas por la incautación de bocinas en barrios populares y las críticas dirigidas contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la senadora de San Pedro de Macorís, también del oficialista PRM, Aracelis Villanueva presentó una iniciativa legislativa para crear zonas de tolerancia donde los llamados “musicólogos” puedan escuchar su música sin afectar la salud ni contaminar el medio ambiente.

“Trabajemos para regular y que puedan ellos escuchar su música en una zona que no afecte la salud ni contamine”, declaró la legisladora, quien explicó que estas áreas estarían delimitadas por los ayuntamientos y supervisadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Según señaló, el objetivo es organizar esta práctica sin reprimirla, especialmente en comunidades donde la música forma parte de la vida social cotidiana.

La propuesta llega en un momento de creciente tensión entre ciudadanos, músicos callejeros y autoridades, tras operativos policiales que han incluido el decomiso de equipos de sonido incluso a vendedores ambulantes, como en el caso reciente de un vendedor de empanadas.

En paralelo, el senador Santiago Zorrilla solicitó a la Comisión de Interior y Policía rendir un informe sobre su proyecto de ley que busca regular la venta de bebidas alcohólicas. Según dijo, esta iniciativa, que ha sido sometida en cinco ocasiones, pretende disminuir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol y restringir el expendio en zonas sensibles como hospitales, clínicas y universidades.

Ambos proyectos se discuten en medio de un ambiente social polarizado, donde parte de la ciudadanía exige orden, mientras otra denuncia represión y estigmatización cultural.

Mientras tanto, la incautación de bocinas por parte de las autoridades ha generado un amplio debate social, especialmente en sectores populares donde el uso de equipos de sonido forma parte del entretenimiento cotidiano. Estas acciones, lideradas por el Ministerio de Medio Ambiente y la Policía Nacional, buscan reducir la contaminación sónica, proteger la salud pública y mantener el orden, pero han sido calificadas por muchos ciudadanos como excesivas y discriminatorias. Críticos señalan que, más que reprimir, el Estado debe regular y crear espacios adecuados que respeten tanto el derecho al descanso como las expresiones culturales urbanas.