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Imponen Impedimento De Salida A Ángel Martínez

May 28 , 2025

La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional levantó este lunes la declaratoria de rebeldía contra el comunicador y youtuber Ángel Martínez, pero le impuso impedimento de salida del país, como medida cautelar ante la querella interpuesta por el diputado Sergio “Gory” Moya, quien lo acusa de difamación.

El juez Julián Vargas dispuso que Martínez permanezca en territorio dominicano mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, luego de que este vinculara públicamente al legislador con actividades relacionadas al narcotráfico, a través de sus redes sociales.

“No puedo salir del país porque quieren atacarme. Vamos a apelar esta decisión, entendemos que no se ajusta a la realidad del proceso”, expresó Martínez tras la audiencia, reiterando que sus denuncias están amparadas en el ejercicio del periodismo de investigación.

El comunicador, quien se define como “detective en Estados Unidos”, fue arrestado el pasado lunes en Puerto Plata, tras emitirse una orden en su contra. Su estilo, marcado por denuncias contra figuras políticas y empresariales por presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico, le ha ganado tanto seguidores como detractores.

Además de la querella de Moya, también enfrenta una demanda por parte de Luis Ricardo Reyes Mendoza, a quien Martínez igualmente acusó de narcotráfico. El abogado de Reyes reta al youtuber a demostrar en qué tribunal del mundo su cliente ha sido condenado por drogas.

La próxima audiencia fue fijada para el 26 de junio, fecha en que Ángel Martínez deberá presentarse nuevamente ante el tribunal para responder formalmente por las acusaciones.

Durante la audiencia, los abogados de Ángel Martínez argumentaron que las declaraciones del comunicador forman parte de su libertad de expresión y de su labor como investigador independiente. Sin embargo, la parte querellante sostiene que sus afirmaciones han causado daños a la honra y reputación del diputado, por lo que exigen una sanción ejemplar. Mientras tanto, el caso ha generado un amplio debate en redes sociales sobre los límites entre la denuncia pública y la difamación.