Apelan Rebaja De Condena A Coronel Por Muerte De Pastores

El Ministerio Público interpuso un recurso de casación contra la sentencia que redujo de 20 a 10 años la condena al coronel César Mariñez Lora, implicado en la muerte a tiros de los esposos evangélicos Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer, hecho ocurrido en marzo de 2021 en Villa Altagracia.

El recurso fue presentado por la procuradora general de Corte de Apelación, Fátima Sánchez Guzmán, y la fiscal titular de Villa Altagracia, Dalma Díaz, ante la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Las magistradas expresaron su inconformidad con la decisión de los jueces Luis Domingo Sensión Araujo, Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos y Lourdes Yanaire Rodríguez Arias, quienes favorecieron una reducción sustancial de la pena.

El caso causó conmoción nacional tras conocerse que la pareja, ambos líderes religiosos, fue abatida a tiros por una patrulla policial cuando regresaban de una actividad religiosa. Las autoridades habían prometido justicia, y este nuevo recurso busca que el coronel Mariñez Lora cumpla la condena original de 20 años que había sido dictada por un tribunal de primera instancia.

El recurso de casación presentado por el Ministerio Público argumenta que la decisión de la Corte de Apelación contiene vicios de forma y de fondo, y que la reducción de la pena no se corresponde con la gravedad de los hechos ni con las pruebas presentadas en el juicio. Las fiscales sostienen que la sentencia debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y en el debido proceso.

Además, se destacó que la actuación del coronel Mariñez Lora y los demás agentes implicados constituyó un uso excesivo de la fuerza y una violación flagrante de los derechos humanos de las víctimas, quienes no representaban ninguna amenaza al momento del tiroteo. Los familiares de la pareja también manifestaron su indignación por la reducción de la condena y exigieron que se mantenga la pena máxima posible.

El caso de los pastores asesinados generó protestas, movilizaciones y llamados a una reforma profunda en los cuerpos de seguridad del país. Organizaciones civiles y religiosas han acompañado el reclamo de justicia y advierten que una sentencia indulgente podría sentar un precedente negativo en la lucha contra la violencia institucional.