Entre las pruebas aportadas, se incluyeron contratos suscritos entre las empresas Medical Suplay y General Suplay con el Ministerio de Salud Pública antes del año 2012, es decir, antes de que Danilo Medina llegara al poder. La defensa sostuvo que estos contratos, valorados en 26 millones de pesos, prueban que la relación comercial de Alexis Medina con el Estado no fue resultado de tráfico de influencias.
Asimismo, se rechazó que el acusado se haya beneficiado de su parentesco con el exmandatario para obtener contratos con otras instituciones públicas como el Ministerio de Obras Públicas. Según sus abogados, las operaciones fueron lícitas y los procesos de compras cumplían con los requisitos legales.
El Ministerio Público mantiene su solicitud de 20 años de prisión para Medina Sánchez y una multa equivalente a 400 salarios mínimos, al tiempo que asegura tener pruebas suficientes para demostrar el uso indebido de fondos públicos y violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones.
