Corte Autoriza A Trump A Mantener El Control De La Guardia Nacional

Un tribunal federal de apelaciones autorizó al presidente Donald Trump a mantener bajo control federal a la Guardia Nacional desplegada en Los Ángeles, tras una ola de protestas violentas relacionadas con redadas migratorias. El fallo del 9.º Circuito revocó una decisión anterior que consideraba ilegal el despliegue sin la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom.

La medida surge tras disturbios en la ciudad, donde miles de personas protestaron contra las políticas migratorias del expresidente, especialmente las ejecutadas por ICE. Manifestantes atacaron edificios federales, incendiaron vehículos autónomos de la empresa Waymo y cercaron a agentes, lo que motivó a Trump a movilizar tropas para “restablecer el orden y proteger la propiedad federal”.

El tribunal, conformado por dos jueces nombrados por Trump y uno por Biden, dictaminó que el presidente tenía autoridad para federalizar a la Guardia Nacional, incluso sin el consentimiento estatal, aunque subrayó que sus acciones no están exentas de revisión judicial. Esta decisión sienta un precedente polémico en la relación entre el poder federal y los gobiernos estatales.

Trump celebró la sentencia como una “gran victoria para la ley y el orden” y reiteró que tomará decisiones similares si los estados “fallan en proteger a sus ciudadanos”. También dejó entrever la posibilidad de aplicar la misma estrategia en otras ciudades si considera que hay anarquía o violencia generalizada.

Por su parte, el gobernador Gavin Newsom condenó la decisión judicial, acusando a Trump de actuar como “un autócrata” e insistiendo en que el control de las tropas debe estar en manos del estado, salvo en situaciones de guerra o desastre nacional. Anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema, calificando la acción de Trump como “un asalto a la soberanía estatal”.

La polémica también ha generado tensiones políticas, con legisladores demócratas advirtiendo sobre el uso “militarizado” de la seguridad interna. Algunos temen que este precedente permita a futuros presidentes utilizar tropas sin límites claros, erosionando la autonomía de los estados y afectando derechos civiles en contextos de protesta.

Diversos juristas han comenzado a debatir el alcance de esta sentencia, señalando que, si bien la ley permite al presidente asumir control de la Guardia Nacional en circunstancias excepcionales, el caso de Los Ángeles podría no haber cumplido con todos los criterios de necesidad y proporcionalidad. El debate gira ahora en torno a los límites del poder ejecutivo.

El caso también reabre heridas sociales, con organizaciones civiles advirtiendo que el uso de la fuerza federal contra manifestantes migrantes puede ser visto como una escalada represiva. Para algunos líderes comunitarios, esta acción “criminaliza la protesta legítima” y desincentiva el derecho a la expresión pública.

Desde el punto de vista político, este fallo podría fortalecer la imagen de Trump ante su base conservadora, que valora su postura firme en seguridad. Pero también lo expone a críticas de autoritarismo, especialmente en medio de su intento de volver a la Casa Blanca en 2025. Los próximos movimientos legales podrían tener implicaciones clave en la campaña electoral.