Medida De Coerción Contra Mujer Que Ultimó A Su Hija En Azua

Azua. – El Tribunal de Atención Permanente de Azua impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Carmelina Méndez, una mujer acusada de provocar la muerte de su hija de apenas tres meses de nacida. El hecho ha causado consternación en toda la provincia y ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar y la salud mental.

La audiencia para conocer la medida fue aplazada en una ocasión anterior para permitir la presentación de pruebas adicionales. Finalmente, este lunes el Ministerio Público presentó cargos formales contra Méndez, basados en los resultados preliminares de la investigación y evidencias que la vinculan directamente con la muerte de la menor.

Durante la audiencia, la jueza determinó que existía peligro de fuga y posibilidad de obstrucción del proceso judicial, razones por las cuales ordenó el ingreso de la imputada al Centro de Corrección y Rehabilitación Mujeres de Najayo, mientras se amplían las indagatorias sobre el caso.

El Ministerio Público indicó que se llevará a cabo una investigación profunda, incluyendo análisis forenses, entrevistas a testigos y evaluaciones psicológicas, para determinar la causa exacta del fallecimiento y la posible intención de la madre. Se espera que este proceso arroje más claridad sobre las circunstancias que rodearon este trágico suceso.

La comunidad de Azua se encuentra consternada, mientras organizaciones sociales han exigido mayor atención a los casos de violencia doméstica y a la salud emocional de las madres en condiciones vulnerables. Las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del caso y la aplicación de justicia.

Familiares y vecinos de la imputada han expresado versiones encontradas sobre el caso. Algunos aseguran que Carmelina Méndez presentaba signos de depresión postparto y dificultades económicas, mientras otros piden que se le aplique todo el peso de la ley por lo que consideran un acto atroz e imperdonable. La comunidad espera respuestas claras por parte de las autoridades.

Mientras tanto, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y otras instituciones de protección infantil se han pronunciado, solicitando que se refuercen las políticas de apoyo psicosocial a madres en riesgo. El caso ha encendido las alarmas sobre la necesidad de intervención oportuna en hogares donde puedan presentarse señales de peligro para los menores.