De Camps Demanda A Aquiles Jiménez Y Red De Chantaje

Santo Domingo. – La viceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, presentó una demanda judicial por difamación contra el comentarista Ángel Martínez, conocido como “El Detective”, y varios otros implicados en una presunta red de chantaje y descrédito con fines políticos y personales.

La querella, que también alcanza al productor artístico Aquiles Jiménez, detalla una campaña iniciada el 9 de enero de 2025, cuando Martínez difundió un video en el que afirmaba falsamente que De Camps estaba embarazada de siete meses, sumando amenazas veladas sobre un supuesto aborto. El video alcanzó más de 190,000 visualizaciones en plataformas como YouTube, Instagram y X (anteriormente Twitter).

Aquiles Jiménez se sumó a la campaña publicando imágenes manipuladas de la hija de De Camps en redes sociales, insinuando falsos cambios físicos para reforzar el bulo. Estas publicaciones fueron vistas por más de 30,000 usuarios.

El expediente describe esta ofensiva mediática como una acción deliberada y coordinada para dañar la imagen pública de De Camps, generar presión política y extorsión. La demanda incluye a Ángel Ramón De Jesús Martínez Jiménez, Franchesca Castillo, José Manuel Mesa, Lya Báez, Winston Aneurys Schwerer Sánchez y Aquiles Jiménez Fernández.

Cada uno de los implicados habría contribuido a viralizar los contenidos difamatorios: Lya Báez con más de 43,000 vistas en X, Castillo vinculando los rumores con una supuesta crisis en la Presidencia (61,000 vistas), Mesa desde su canal de YouTube y televisión, y Schwerer insinuando la identidad del presunto padre (22,800 vistas).

La acción legal busca sentar precedentes frente al uso sistemático de redes sociales para atacar la honra de figuras públicas mediante falsedades con fines de manipulación y presión social.

En la demanda, los abogados de Milagros De Camps argumentan que las acciones de los imputados no solo afectaron su reputación y su entorno familiar, sino que también generaron un profundo daño emocional, especialmente por el uso indebido de imágenes de su hija menor. Señalan que el uso de menores en campañas de descrédito representa una violación grave a la privacidad y a los derechos fundamentales protegidos por la ley dominicana.

Asimismo, la querella destaca que estas acciones constituyen delitos penales que deben ser sancionados con todo el peso de la ley, ya que sientan un peligroso precedente en la política nacional. De Camps ha manifestado que su decisión de acudir a la justicia busca no solo su reparación moral, sino también enviar un mensaje claro de que la difamación con fines políticos no puede quedar impune en una sociedad democrática.