MP Solicita Prisión Preventiva Contra Cabecilla Y Cómplices En Esquema Millonario De Fraude Bancario En Bonao

MP solicita prisión preventiva contra cabecilla y cómplices en esquema millonario de fraude bancario en Bonao.

El Ministerio Público solicitó este viernes la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra ocho personas físicas y una persona jurídica vinculadas a una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, desmantelada mediante un amplio operativo en varios sectores del municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Entre los imputados se encuentra Fredery García Ortiz, señalado como cabecilla de la estructura y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., que también fue formalmente acusada por servir como fachada para las operaciones fraudulentas. Junto a él, su pareja María Carolina Durán Tavárez, así como otros miembros como Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango), enfrentan cargos por su participación en el esquema ilegal.

La investigación comenzó tras denuncias de clientes de una entidad bancaria nacional, lo que motivó una profunda labor de inteligencia con apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat). Las pesquisas revelaron que los acusados accedían fraudulentamente a perfiles de clientes, efectuaban transferencias ilícitas a cuentas propias y retiraban los fondos mediante cajeros automáticos y ventanillas de diversas instituciones financieras.

El operativo, coordinado por el Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y respaldado por la Dirección General de Persecución y la Policía Cibernética, incluyó 34 allanamientos simultáneos. En ellos, 40 fiscales y más de 200 agentes incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias, vehículos, inmuebles y sustancias controladas, presuntamente adquiridos con recursos provenientes del fraude.

El Ministerio Público calificó los hechos como violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, a varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Con pruebas contundentes sobre la organización, su estructura y modus operandi, el órgano acusador solicitó prisión preventiva para garantizar el proceso y evitar la obstrucción de la investigación, la cual continúa abierta para identificar posibles nuevos implicados.