Expresan Rechazo Ante Aspiración Anticipada En El PRM

La cámara legislativa se convirtió en escenario de un intenso enfrentamiento este martes 25 de junio, cuando la diputada Soraya Suárez (PRM) defendió el derecho de sus compañeros dentro del partido a organizar reuniones y expresar sus aspiraciones presidenciales, señalando que dichas actividades se realizan fuera del horario laboral sin uso de recursos públicos . Sin embargo, la oposición no dudó en responder con fuerza: el vocero de bloque de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, calificó la situación como campaña prematura e irresponsable, instando a la Junta Central Electoral a tomar acciones .

En esa misma línea, el diputado Charlie Mariotti Jr. (PLD) criticó el ambiente que impera dentro del PRM, tildando a los aspirantes de “abusadores, indolentes e inconscientes”, y exhortó a enfocar esfuerzos en gobernar y atender los verdaderos problemas del país en lugar de promover candidaturas adelantadas .

El debate ocurre en un contexto donde ya existe una llamada de atención desde sectores internos del partido. Líderes como José Ignacio Paliza y Eddy Olivares, altos directivos del PRM, han advertido sobre posibles sanciones internas para quienes violen los estatutos que prohíben la precampaña antes de los plazos establecidos, según el artículo 150 de la Ley de Partidos Políticos.

El tema ha generado inquietud incluso entre sectores cercanos al oficialismo, donde algunos consideran que las aspiraciones prematuras podrían debilitar la cohesión interna del PRM de cara a futuros procesos electorales. Dirigentes de base han expresado preocupación por el impacto que este tipo de acciones podría tener sobre la imagen del gobierno y la estabilidad partidaria.

A nivel institucional, diversos analistas políticos advierten que el irrespeto a los plazos legales establecidos para la precampaña podría abrir un precedente peligroso, alimentando un ambiente de confrontación anticipada. En este sentido, se ha llamado a la Junta Central Electoral a ejercer su rol de árbitro y garantizar condiciones equitativas para todos los actores del sistema democrático.