El Distrito Turístico Verón–Punta Cana denunció públicamente al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) por supuestamente obstruir el desarrollo de proyectos turísticos y urbanos en la zona. El director distrital, Ramón “Manolito” Ramírez, acusó al MIVED de bloquear el funcionamiento de la Oficina de Planeamiento Urbano local, creada bajo el amparo de la Ley 368-22, la cual otorga autonomía para regular el crecimiento territorial.
Ramírez aseguró que, debido a esta obstrucción, se han retrasado decenas de proyectos de inversión, afectando directamente la economía del distrito turístico más importante del país. “No hay justificación técnica ni legal para que el MIVED se niegue a reconocer una oficina legalmente establecida y que cumple funciones esenciales para el desarrollo ordenado”, afirmó el funcionario en rueda de prensa.
Según las autoridades de Verón–Punta Cana, el MIVED estaría favoreciendo al municipio cabecera de Higüey, intentando mantener el control sobre la aprobación de obras y el uso de suelo en la zona, pese a que la ley les otorga autonomía. Denunciaron además que, con esta negativa, se vulneran los derechos adquiridos por la población local y se afecta la seguridad jurídica de los inversionistas.
La junta distrital informó que ha enviado una intimación formal al ministro Carlos Bonilla mediante acto de alguacil, exigiendo que cese la obstrucción administrativa. En caso de no obtener respuesta, anunciaron que emprenderán acciones legales por la vía penal, civil y constitucional para hacer valer sus competencias.
Verón–Punta Cana cuenta con más de 135,000 habitantes y más de 65,000 habitaciones hoteleras, lo que, según su alcalde, la convierte en una comunidad con suficiente peso para administrar su crecimiento de manera independiente. “Este no es un simple conflicto burocrático, se trata del futuro de una región clave para la economía nacional”, señaló Ramírez.
Las autoridades distritales advirtieron que no permitirán que se les arrebaten facultades que la ley les reconoce, y reiteraron su disposición al diálogo con el Gobierno Central. No obstante, recalcaron que no se quedarán de brazos cruzados mientras se obstaculiza el desarrollo de la zona turística más pujante del país.
