Militares Refuerzan Fronteras En Nuevo México Y Texas

La presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha aumentado significativamente en las fronteras de Nuevo México y el oeste de Texas, con aproximadamente 7.600 militares desplegados para patrullar la zona. Esta medida forma parte de una estrategia para evitar el cruce de inmigrantes indocumentados y se enmarca en una declaración de emergencia nacional emitida por el presidente Donald Trump.

Las autoridades han establecido zonas restringidas supervisadas por bases militares cercanas, lo que les permite detener a personas que intenten ingresar al país sin autorización legal. Estas zonas abarcan un tramo de 370 kilómetros de la frontera, desde Fort Hancock, Texas, hasta El Paso y más allá, atravesando vastas tierras de rancho en Nuevo México. Recientemente, se ha añadido una zona militarizada de 400 kilómetros en el Valle del Río Grande en Texas, y se planea otra cerca de Yuma, Arizona. En conjunto, estas zonas cubrirán casi un tercio de la frontera sur de Estados Unidos con México.

Las fuerzas militares están facultadas para arrestar a personas que crucen ilegalmente estas áreas, lo que ha resultado en más de 1.400 cargos por invasión de zona de defensa nacional, con penas de hasta 18 meses de prisión además de las posibles sanciones por entrada ilegal al país.

Sin embargo, esta expansión de la presencia militar ha generado controversia entre residentes locales, defensores de los derechos civiles y grupos humanitarios. Se han expresado preocupaciones sobre el impacto en el acceso a tierras públicas, el riesgo para los migrantes y la constitucionalidad de utilizar al ejército en funciones de aplicación de la ley civil sin la aprobación del Congreso.

A pesar de las críticas, las autoridades defienden la medida como una herramienta necesaria para combatir el narcotráfico y el tráfico de personas. Además, señalan que la presencia militar ha contribuido a una disminución significativa en los cruces ilegales, con las detenciones en junio de 2025 alcanzando su nivel más bajo desde 1966.

La implementación de estas zonas militarizadas sigue siendo objeto de debate y análisis legal, mientras se evalúa su efectividad y las implicaciones para los derechos humanos y la seguridad fronteriza.