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Casi 20 Agencias Afectadas Por Orden De Trump

July 09 , 2025

El 8 de julio de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos levantó la orden judicial que había bloqueado los despidos masivos en agencias federales, permitiendo al presidente Donald Trump continuar con su plan de reducir significativamente el tamaño del gobierno.

La decisión revierte un fallo previo de una jueza federal en San Francisco que había considerado que el presidente carecía de autoridad para reestructurar agencias federales sin la aprobación del Congreso. La Corte Suprema indicó que la administración tiene “probabilidad de éxito” en defender la legalidad de la orden ejecutiva emitida en febrero de 2025, que autoriza recortes de personal en departamentos clave como Agricultura, Energía, Trabajo, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos, entre otros.

La medida también afecta a agencias como la Administración de la Seguridad Social, la Agencia de Protección Ambiental y la Fundación Nacional de Ciencias. Hasta el momento, al menos 75,000 empleados han aceptado renuncias diferidas, y miles más han sido despedidos. El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado anteriormente por Elon Musk, está supervisando la implementación de estos recortes.

La decisión fue recibida con críticas por parte de sindicatos, gobiernos locales y defensores de los servicios públicos, quienes argumentan que los despidos amenazan la estabilidad de servicios esenciales como la seguridad alimentaria y la atención a veteranos. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única disidente, advirtiendo que los recortes podrían desmantelar funciones gubernamentales esenciales.

El caso continuará en el tribunal de distrito de San Francisco, pero la autorización del Supremo marca una victoria legal significativa para la administración Trump en su esfuerzo por reestructurar el gobierno federal sin la intervención del Congreso.

La decisión del Tribunal Supremo también genera preocupación sobre el impacto a largo plazo en la capacidad del gobierno federal para responder a emergencias, gestionar programas sociales y mantener la calidad en servicios públicos esenciales, mientras que la administración Trump asegura que la reducción es necesaria para mejorar la eficiencia y eliminar burocracia innecesaria.