Imponen Garantía Económica De Un Millón De Pesos A Ingrid Jorge

SANTO DOMINGO. La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso este miércoles una garantía económica de un millón de pesos a Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, tras una querella presentada por el procurador adjunto Iván Feliz Vargas.

Además de la garantía, las medidas cautelares incluyen la presentación periódica ante la justicia y la prohibición de salida del país, con vigencia de seis meses. Estas disposiciones forman parte del proceso que se sigue contra Jorge por supuesta difamación contra el procurador adjunto.

El Ministerio Público, representado por Eduardo Velázquez, aseguró que presentará una acusación “sólida, metálica e indestructible” para proteger la reputación del funcionario afectado. Velázquez enfatizó que el caso no se resolverá mediante conciliación y advirtió que, si es necesario, será llevado a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según las autoridades, Ingrid Jorge difundió informaciones falsas a través de redes sociales con el propósito de desacreditar a Iván Feliz Vargas, lo que motivó la querella presentada y la imposición de estas medidas cautelares.

El Ministerio Público ha mostrado especial interés en este caso, dado que consideran que la difusión de informaciones falsas no solo afecta la imagen del procurador adjunto, sino que también atenta contra la confianza en las instituciones de justicia. Por ello, se mantendrá firme en la persecución del proceso legal para sentar un precedente en contra de la desinformación y la difamación en redes sociales.

Por su parte, Ingrid Jorge ha negado las acusaciones y ha señalado que sus publicaciones están dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Sin embargo, el tribunal ha determinado que existen suficientes indicios para mantener las medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación.

El caso ha generado gran expectativa en la opinión pública, pues pone en el centro del debate la responsabilidad y los límites de la comunicación digital, especialmente cuando involucra a figuras públicas y funcionarios del Estado. Las próximas audiencias serán claves para definir el rumbo de este proceso judicial.