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Paralizan La Docencia Por Acusaciones De Corrupción Contra Presidente De La ADP En Bonao

August 27 , 2025

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Apenas un día después del inicio del año escolar, más de 27,000 estudiantes de escuelas públicas en Bonao, provincia Monseñor Nouel, quedaron sin clases debido a una huelga convocada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). La suspensión se produjo en respaldo a su presidente local, Alejandro Martínez (Raúl), citado al Palacio de Justicia para responder a una acusación de delito electrónico interpuesta por Luis Germán, asistente del diputado Norberto Ortiz. Según la denuncia, Martínez habría incurrido en un delito de alta tecnología tras señalar que Germán figura en la nómina del Ministerio de Educación cobrando RD$25,000.

El dirigente de la ADP negó los señalamientos y aseguró que Germán no trabaja en la institución, ya que dedica su tiempo a acompañar al legislador en sus viajes a la capital. Martínez calificó la acusación como un acto de persecución en su contra, atribuyéndola a las denuncias que ha realizado sobre supuestas irregularidades en el distrito escolar 16-04, las cuales, según él, evidencian actos de corrupción en esa dependencia estatal.

La huelga generó una fuerte polémica en Bonao, donde padres y tutores manifestaron su preocupación por la interrupción de las clases, justo en los primeros días del año escolar. Muchos expresaron que la medida afecta directamente el aprendizaje de los estudiantes, especialmente de quienes requieren mayor seguimiento académico, y pidieron una solución rápida que permita retomar la docencia sin que se vean perjudicados los niños y niñas.

Por su parte, autoridades educativas locales hicieron un llamado a la conciliación, instando a la ADP y a las familias a priorizar la continuidad educativa mientras se resuelven los conflictos legales que involucran a Martínez. El Ministerio de Educación informó que se harán esfuerzos para recuperar las horas de clase perdidas, aunque reconoció la dificultad de reprogramar las actividades sin afectar el calendario escolar.

Analistas señalan que este tipo de conflictos reflejan la tensión entre los derechos sindicales de los docentes y la necesidad de garantizar la educación de los estudiantes. Asimismo, advierten que la politización de casos judiciales vinculados a dirigentes educativos puede convertirse en un obstáculo recurrente para el normal desarrollo de las escuelas públicas, afectando la estabilidad y la confianza de la comunidad educativa.