
Imponen Impedimento De Salida Y Grillete Contra Rafael Guerrero Como Medida De Coerción
August 28 , 2025 var timerID = setInterval( function() {
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La Cuarta Sala Penal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva impuso impedimento de salida del país y la colocación de un grillete electrónico como medida de coerción contra Rafael Guerrero, conductor del programa digital Corrupción al Desnudo. El tribunal fijó para el 4 de septiembre la próxima audiencia, luego de que Guerrero fuera arrestado tras no presentarse a tiempo a una citación vinculada al proceso que enfrenta con el exdirector de la DNCD, Rosado Mateo.
De manera paralela, Guerrero ha estado envuelto en otros procesos judiciales. La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional lo absolvió recientemente de una condena previa por difamación contra el exjefe policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín, aunque la Segunda Sala Penal le ordenó pagar dos millones de pesos por violaciones a la Ley 53-07. El programa que conduce, Corrupción al Desnudo, ha provocado múltiples controversias legales debido a las denuncias públicas difundidas en sus plataformas.
El arresto de Guerrero generó reacciones encontradas en el ámbito mediático y entre sus seguidores, quienes critican la medida y alegan que se trata de un intento por limitar la libertad de expresión. Por su parte, las autoridades judiciales han reiterado que las acciones en su contra se enmarcan dentro del debido proceso y responden a las denuncias legales existentes.
Expertos legales señalan que la colocación del grillete electrónico busca garantizar la comparecencia de Guerrero a futuras audiencias y evitar posibles riesgos de fuga, medida que se aplica en casos de alto perfil mediático como este. Mientras tanto, el comunicador continúa con sus labores en el programa, aunque con restricciones de movilidad.
Analistas del sector digital y mediático destacan que este caso subraya la tensión entre la libertad de prensa y la responsabilidad legal de quienes difunden denuncias públicas. El desenlace del proceso judicial será clave para sentar precedentes sobre los límites y obligaciones de los comunicadores digitales en el país.
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