Escándalo En Educación: Más De RD$70 Millones Pagados Por Obras Que Nunca Se Construyeron

Santo Domingo – Un informe oficial reveló un grave entramado de irregularidades en la ejecución de proyectos escolares que implican el pago de más de RD$70 millones por obras inconclusas, deficientes o nunca realizadas en distintos centros educativos del país. Entre las fallas documentadas se destacan techos sin impermeabilizar, sistemas eléctricos incompletos, comedores a medio construir y áreas de pintura sin terminar, lo que afecta directamente la seguridad y el aprendizaje de cientos de estudiantes.

La investigación, realizada por la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar, señala que varios contratistas cobraron sumas millonarias pese a no cumplir con los contratos, con el aval de supervisores del propio Ministerio de Educación. El uso de materiales inadecuados y trabajos deficientes no solo compromete la calidad de las edificaciones, sino que pone en riesgo la salud de alumnos y maestros, además de generar un clima de desigualdad y abandono en las comunidades.

Entre los planteles afectados figuran las escuelas Juan Pablo Duarte, José Francisco Peña Gómez y John F. Kennedy, ubicadas en Mao, provincia Valverde, donde se detectaron pagos por impermeabilización, pintura y equipamiento que nunca se ejecutaron. En algunos casos, los contratistas sustituyeron lámparas LED y abanicos industriales por bombillos convencionales y ventiladores de baja capacidad, pese a haber facturado lo estipulado en los contratos.

A pesar de la magnitud de las denuncias, las autoridades educativas no han iniciado una investigación formal, lo que genera cuestionamientos sobre la falta de controles internos y la ausencia de sanciones. Expertos advierten que estas prácticas constituyen un abuso de los fondos del 4% para la educación, convertido en “piñata” de contratistas y funcionarios negligentes.

El Ministerio Público ha sido emplazado a abrir una investigación penal para determinar responsabilidades, no solo de los contratistas, sino también de quienes desde la institución permitieron estas irregularidades. De confirmarse, los implicados podrían enfrentar cargos que van desde uso de documentos falsos hasta estafa al Estado, con penas de hasta dos años de prisión.

Mientras tanto, miles de estudiantes continúan asistiendo a centros educativos con filtraciones, instalaciones inseguras y áreas deportivas deterioradas, a pesar de que el Estado desembolsó fondos para garantizarles un entorno digno. El caso expone nuevamente las debilidades del sistema de control y supervisión en el sector educativo, poniendo en juego no solo el presente de los alumnos, sino el futuro del país.