María Elena Cuestiona Al Ministro De Hacienda Por El Presupuesto Destinado A Las Comisiones De Salud Mental

María Elena manifestó su preocupación por el presupuesto destinado a las comisiones de salud mental en la República Dominicana. Señaló que más de 30 instituciones que atienden a usuarios de drogas enfrentan dificultades financieras para cubrir alquileres y operaciones, debido a la falta de entrega del 15% de los bienes decomisados por narcotráfico, que por ley les corresponde.

María Elena explicó que, aunque se han realizado reuniones con el presidente Luis Abinader y funcionarios del Ministerio Público, la asignación de estos recursos sigue sin resolverse, afectando la atención de más de 2,000 internos en centros de internamiento y reinserción. La diputada instó al ministro de Hacienda, Mají Díaz, a delegar personal para recibir a una comisión de estas instituciones y garantizar transparencia en la distribución de los fondos, asegurando la continuidad de los servicios de salud mental y prevención de delitos relacionados con el consumo de drogas.

Además, destacó que la falta de recursos puede tener consecuencias graves para la población vulnerable, combinando trastornos mentales y adicciones, y enfatizó la importancia de mantener programas de atención gratuitos o accesibles para quienes no cuentan con medios económicos.

María Elena también criticó la demora en la entrega de los recursos asignados por la Procuraduría al Incabide, institución adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada de administrar los bienes decomisados. Recordó que el año pasado se entregaron más de 3,500 millones de pesos, pero las instituciones aún desconocen cuánto les corresponde del 15% que establece la ley, lo que impide cubrir necesidades básicas de funcionamiento y atención a los internos.

Resaltó la labor de los centros de atención integral, muchos dirigidos por personas ya recuperadas, que ofrecen programas de reinserción social y laboral para usuarios de drogas. Subrayó que la falta de financiamiento no solo pone en riesgo la continuidad de los servicios, sino que también incrementa la vulnerabilidad de la población, pudiendo derivar en delitos y situaciones de violencia.

Finalmente, María Elena hizo un llamado a la transparencia y a la responsabilidad de las autoridades. Insistió en que se cumpla con la ley y se atiendan las promesas hechas por el presidente Abinader, para garantizar que las instituciones de salud mental puedan operar con normalidad y ofrecer atención a quienes más lo necesitan, protegiendo así vidas y evitando que los problemas de adicción y salud mental se conviertan en una crisis social más profunda.