Altagracia Salazar: ‘¿A Quiénes Se Llaman Reconocidos Delincuentes En RD?’

SANTO DOMINGO. – La periodista Altagracia Salazar planteó este martes un debate sobre el uso del término “delincuente reconocido” en República Dominicana, señalando una aparente inequidad en el sistema judicial y mediático del país.

Salazar comparó los casos de ciudadanos involucrados en hechos delictivos comunes con el de la exdiputada Rosa Malia Pilarte, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos, cuya condena fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia. La comunicadora cuestionó que, pese a la sentencia, ningún medio de comunicación califique a Pilarte como “delincuente”, mientras que ciudadanos de menores recursos y condenas menores son etiquetados públicamente por la Policía y la prensa.

“Un delincuente es una persona que comete un delito, sancionado por la ley. Pero en la práctica, los pobres quedan presos inmediatamente y los ricos, no importa cómo adquirieron su fortuna o poder, pueden retrasar o evadir la ejecución de la pena”, afirmó Salazar, destacando que los abogados de Pilarte han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional que podría suspender su sentencia.

Salazar aprovechó para llamar la atención sobre la necesidad de un periodismo responsable y la importancia de distinguir entre acusaciones mediáticas y condenas judiciales. Además, contextualizó la situación dentro de un panorama de inequidad más amplio, citando datos recientes de criminalidad, homicidios y conflictos sociales en el país.

La periodista también criticó la tendencia de algunos medios de reproducir de manera automática los calificativos de la Policía sin verificar antecedentes o condenas judiciales, lo que según ella contribuye a una percepción pública distorsionada de la justicia. Señaló que esta práctica afecta principalmente a los sectores más vulnerables, perpetuando la desigualdad en la aplicación de la ley.

Finalmente, Salazar instó a las autoridades y a la sociedad a reflexionar sobre cómo se definen y comunican los delitos en el país, sugiriendo que se deben respetar los procesos judiciales y garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad ante la ley, independientemente de su estatus económico o político.