PLD Denuncia Aumento De Muertes Por Presuntos Intercambios De Disparos Con La PN

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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha levantado la voz ante lo que consideran un preocupante aumento de muertes en presuntos “intercambios de disparos” con la Policía Nacional. En una declaración pública, el partido ha presentado una serie de exigencias y propuestas para reformar la actuación policial y garantizar el respeto a los derechos humanos.

El partido opositor ha exigido la suspensión inmediata de los agentes involucrados en estos casos mientras se realizan las investigaciones. Además, han solicitado la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo cualquier tipo de grabación.

Como medida clave para la transparencia, el PLD demanda el uso obligatorio de cámaras corporales para los agentes, con métricas públicas sobre su utilización y sanciones automáticas para aquellos que las manipulen o apaguen durante los operativos.

Propuestas para la reforma y la transparencia

Para mejorar la rendición de cuentas, el PLD ha propuesto la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza que detalle la cantidad de disparos, heridos y fallecidos (civiles y agentes) por provincia y unidad.

Entre las medidas a largo plazo, el partido solicita una auditoría externa semestral del uso de la fuerza, a cargo del Defensor del Pueblo y con la participación de universidades y organizaciones no gubernamentales. También proponen fortalecer la unidad de Asuntos Internos de la Policía, otorgándole independencia operacional.

El PLD considera que la seguridad y el respeto a los derechos humanos no son incompatibles. El partido ha propuesto la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las muertes por intercambios de disparos, con la capacidad de requerir información y realizar audiencias públicas.

Además, el partido ha pedido que se haga público, en un plazo de 72 horas, un parte técnico mínimo de cada caso, que incluya la hora, el lugar, la unidad actuante, el motivo de la intervención y las evidencias. El PLD enfatiza que el éxito de una política pública de seguridad no debe medirse por la cantidad de “abatidos”, sino por la reducción sostenible del delito dentro del marco constitucional.