“Que La Información Que Esta Persona Ha Dado, Sirva Para Establecer Responsabilidades En Otras Personas”

Santo Domingo. – La Procuraduría de la República Dominicana informó que la persona implicada en el denominado caso Calamar ha entregado 20 millones de pesos como parte de un acuerdo de cooperación con la justicia, conocido como acuerdo de alegación preacordada, adaptado a nuestro Código Procesal Penal.

Según autoridades, el objetivo del acuerdo no es solo la sanción económica, sino que la información proporcionada por el imputado permita establecer responsabilidades en otras personas involucradas en el mecanismo irregular de operaciones de casinos. Este tipo de acuerdos busca, además, la recuperación de bienes y la clarificación de hechos dentro de un sistema judicial garantista y acusatorio.

Expertos en derecho penal destacaron que la colaboración de esta persona podría llevar a que se investigue a funcionarios de jerarquía superior, incluyendo ministros, quienes habrían autorizado o supervisado el funcionamiento de bancas irregulares. Se espera que la Procuraduría explique detalladamente cómo se verificará la información entregada y cómo se aplicará en futuras imputaciones.

El acuerdo ha sido valorado como un paso importante para recuperar patrimonio del Estado y reforzar la credibilidad de los mecanismos de cooperación con la justicia, aunque algunos cuestionan si el monto entregado corresponde a la magnitud de los delitos investigados.

Las autoridades también indicaron que este acuerdo busca evaluar la validez y utilidad de la información, la cual será contrastada con pruebas y testimonios de otros implicados, evitando que la confesión de un solo imputado determine responsabilidades de manera automática. Esto refuerza el carácter garantista y transparente del proceso.

Asimismo, se investigará si las bancas irregulares han cesado sus operaciones o si continúan funcionando, lo que permitirá esclarecer si existió omisión o complicidad de otros funcionarios durante el tiempo que estas permanecieron activas. La información proporcionada por el imputado podría ser clave para esclarecer estos puntos.

Finalmente, expertos legales señalaron que la divulgación de este tipo de acuerdos puede servir para que la ciudadanía comprenda mejor cómo funcionan los mecanismos de cooperación con la justicia, fortaleciendo la confianza en las instituciones y la percepción de que se están tomando medidas efectivas contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.