PRM Aclara Y Se Desliga De Propuesta Para Limitar La Cesantía Laboral

El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, aclaró que la iniciativa presentada por la diputada oficialista Carmen Ligia Barceló, la cual busca establecer un tope de seis meses a la cesantía laboral, no representa la posición oficial del PRM.

Díaz explicó que Barceló, representante por la provincia Hato Mayor, tiene el derecho constitucional de someter y defender cualquier proyecto de ley, pero insistió en que su propuesta responde a una posición individual y no al consenso del partido oficialista.

“La posición del PRM es clara: respaldar los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo y garantizar que cualquier modificación sea fruto del consenso entre trabajadores, empleadores y el Gobierno”, afirmó el legislador.

El vocero aseguró que el bloque del PRM en el Congreso mantiene una postura firme en la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores, y reiteró que la cesantía “no tendrá ningún nivel de variación” dentro de las discusiones legislativas.

La propuesta de la diputada Barceló se encuentra actualmente en estudio dentro de una comisión especial, junto a otras tres iniciativas que buscan reformar el Código Laboral dominicano.

La cesantía laboral en República Dominicana es una compensación económica que debe pagar el empleador al trabajador cuando este es despedido sin causa justificada. Está contemplada en el Código de Trabajo y tiene como objetivo ofrecer un sustento temporal al empleado mientras busca un nuevo empleo. El monto se calcula según el tiempo de servicio, con escalas que aumentan progresivamente: a mayor antigüedad, mayor indemnización. Este derecho es considerado uno de los pilares de la protección laboral en el país.

La controversia en torno a la cesantía surge por propuestas que buscan modificar o limitar este beneficio, como la reciente iniciativa de establecer un tope de seis meses de pago. Algunos sectores empresariales argumentan que la cesantía actual representa una carga económica que dificulta la contratación formal, mientras que los sindicatos y defensores de los trabajadores consideran que cualquier reducción vulneraría derechos adquiridos. El debate ha reavivado tensiones entre quienes buscan modernizar el mercado laboral y quienes exigen mantener las garantías establecidas por ley.