Contrataciones Públicas Garantiza Controles En Compras De Emergencia Tras La Tormenta Melissa

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró este martes que los procesos de excepción por emergencia —utilizados por las instituciones del Estado tras desastres naturales u otras situaciones críticas— mantienen los mismos controles, fases y criterios de transparencia que un proceso ordinario, a pesar de su carácter ágil.

El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, subrayó que la rapidez en las contrataciones no debe interpretarse como ausencia de control:

“Actuar rápido no significa saltarse las reglas: significa aplicarlas correctamente para proteger el interés público”, expresó el funcionario.

Según explicó la institución, los procesos de emergencia duran entre 15 y 20 días, desde la convocatoria hasta la adjudicación, e incluyen fases obligatorias que aseguran trazabilidad, publicidad, competencia y monitoreo institucional.

El procedimiento inicia con un decreto presidencial que declara el estado de emergencia nacional —como el Decreto 627-25, emitido tras el paso de la tormenta tropical Melissa— y autoriza el uso de la modalidad de excepción. Posteriormente, las instituciones elaboran los requerimientos de compra, verifican la disponibilidad de fondos y el Comité de Compras y Contrataciones gestiona el proceso hasta la adjudicación.

Durante este período, las entidades deben publicar los pliegos de condiciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), recibir y evaluar las ofertas técnicas y económicas, y finalmente registrar el contrato en la Contraloría General de la República.

La DGCP enfatizó que, aunque los plazos pueden ajustarse según la urgencia, las instituciones están obligadas a garantizar la participación y la competencia, cumpliendo siempre con la ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas.

Finalmente, el órgano rector reafirmó su compromiso con la integridad y la rendición de cuentas en cada etapa del proceso:

“Desde la DGCP continuamos trabajando para fortalecer las capacidades institucionales, promover la transparencia y asegurar que cada contratación —ordinaria o de emergencia— se realice con integridad y en beneficio de la ciudadanía dominicana”, concluyó Pimentel.