SANTO DOMINGO OESTE.– Más de 20 familias quedaron literalmente en la calle luego de un desalojo ejecutado a primeras horas de la mañana como parte de los trabajos de ampliación de la avenida República de Colombia. Entre escombros, colchones tirados en la acera y pertenencias rotas, los afectados denuncian que la intervención se realizó sin aviso previo, sin compensación y con uso excesivo de fuerza.
Historias como la de Carla Rincón, de 27 años, conmocionaron a los presentes. La joven relató que sostenía a su bebé en brazos cuando, según afirma, fue sacada a la fuerza por los trabajadores del operativo. “Me jalaron, me golpearon y se llevaron a mi niña como si fuera un animalito”, denunció entre llantos. Asegura que no recibió notificación alguna ni oportunidad de salvar sus pertenencias, muchas de las cuales fueron destruidas o saqueadas.
Los comunitarios señalan que entre los afectados hay niños, envejecientes y personas vulnerables que quedaron sin hogar en cuestión de minutos, mientras parte de sus estructuras eran derribadas con palas mecánicas. Aseguran además que los terrenos no pertenecen al Estado y que, pese a que en ocasiones anteriores se habló de una posible reubicación, nunca recibieron indemnización ni alternativas concretas.
Los residentes pidieron la intervención del presidente y de las autoridades competentes para investigar las supuestas irregularidades durante el desalojo y brindar asistencia urgente a las familias, que hoy duermen a la intemperie junto a los restos de lo que fue su hogar.
Los comunitarios también denunciaron que, durante el operativo, varios niños resultaron afectados por la presencia de polvo, escombros y el caos generado por las maquinarias pesadas. Aseguran que algunos menores entraron en pánico al ver cómo sus viviendas eran destruidas sin que sus padres pudieran intervenir. “Esto fue un abuso total, aquí había niños llorando, familias desesperadas y nadie del Gobierno dio la cara”, expresó otro residente afectado.
Ante la situación, organizaciones sociales y líderes comunitarios anunciaron que solicitarán la intervención de la Defensoría del Pueblo y de organismos de derechos humanos para garantizar que se investiguen las acciones ejecutadas durante el desalojo. También advirtieron que, de no recibir una respuesta oficial, organizarán protestas pacíficas en la avenida República de Colombia para exigir justicia y la reubicación inmediata de las más de 20 familias que quedaron a la intemperie.
