Anulan Licitación Del Ayuntamiento De SPM Por Irregularidades Graves

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló una licitación del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís destinada a contratar el servicio de recolección de residuos sólidos, tras detectar “irregularidades graves” en todo el proceso administrativo.

Según el informe oficial, el cabildo no presentó el acto de aprobación del informe técnico, y la evaluación realizada a las empresas oferentes fue catalogada como “insuficiente, arbitraria y carente de los criterios mínimos establecidos por la ley”.

Uno de los hallazgos más críticos fue la inconsistencia en la planificación: el contrato final firmado por el ayuntamiento superó más del triple el monto inicialmente estimado, una variación que, según Contrataciones Públicas, viola principios fundamentales de transparencia y razonabilidad presupuestaria.

La DGCP recordó que esta es la segunda intervención en procesos de este cabildo, lo que elevó las alarmas institucionales. Debido a la gravedad de las anomalías, el organismo remitió el expediente completo a la Procuraduría General de la República, que ahora deberá determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.

Además, el órgano rector destacó que el ayuntamiento no justificó adecuadamente los criterios utilizados para descalificar o favorecer a determinadas empresas, lo que abrió cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso. Expertos señalan que este tipo de fallas comprometen la competencia justa y pueden derivar en beneficios indebidos para determinados oferentes.

La anulación del proceso también impacta directamente en la planificación del servicio de recolección de basura en San Pedro de Macorís, que enfrenta dificultades recurrentes por retrasos, acumulación de desechos y quejas ciudadanas. Ahora, el cabildo deberá iniciar un nuevo proceso bajo estricta supervisión y con mayor transparencia para evitar nuevas sanciones.

Organizaciones de la sociedad civil celebraron la decisión de Contrataciones Públicas, afirmando que este tipo de intervenciones “envían un mensaje claro a las autoridades municipales”. También pidieron que la Procuraduría avance con celeridad en la investigación para determinar si hubo dolo, negligencia o manipulación intencional en la licitación anulada.