Pentágono Dice Ataques Contra Lanchas Son Legales Porque “son Terroristas”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono “apenas ha comenzado a atacar barcos narcotraficantes”, en medio de una creciente ola de críticas por las recientes operaciones militares en alta mar. Las declaraciones llegan tras el cuestionamiento público a la decisión del Ejército estadounidense de rematar a sobrevivientes en uno de sus bombardeos más recientes, acción que organizaciones de derechos humanos califican como una posible violación al derecho internacional.

Por su parte, la portavoz del Pentágono, Kinsley Wilson, defendió con firmeza la legalidad de los ataques contra las lanchas, argumentando que las personas que viajan en ellas “son terroristas” y, por tanto, objetivos militares legítimos. Wilson indicó que las embarcaciones forman parte de redes transnacionales que financian actividades criminales y representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.

Sin embargo, expertos en derecho internacional advierten que calificar automáticamente a los ocupantes como terroristas podría vulnerar los principios de distinción y proporcionalidad establecidos en las leyes de guerra. Diversos analistas coinciden en que las declaraciones del Pentágono buscan reforzar la narrativa de que las operaciones son parte de una estrategia más amplia contra el crimen organizado, aunque aún persisten dudas sobre el uso de fuerza letal en escenarios no convencionales.

Además, organizaciones humanitarias han pedido una investigación independiente sobre el operativo, asegurando que los reportes iniciales indican que algunos de los atacados no portaban armas ni presentaban resistencia al momento de ser abatidos. Estos grupos señalan que la falta de transparencia del Pentágono genera preocupación y podría sentar un precedente peligroso para futuros operativos militares fuera de zonas de guerra declaradas.

Mientras tanto, voces dentro del Congreso estadounidense han solicitado explicaciones más detalladas al Departamento de Defensa, advirtiendo que el país podría estar cruzando líneas éticas y legales en su lucha contra el narcotráfico. Legisladores opositores y algunos aliados han insistido en que Washington debe garantizar que toda operación militar respete los estándares internacionales y no derive en prácticas que comprometan su legitimidad ante la comunidad global.