El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, afirmó que detrás de la intimación enviada por la Junta Central Electoral (JCE) a esa organización política tras la “Marcha del Pueblo” existen presiones directas del oficialismo, motivadas según dijo por el “golpe político” que habría representado la convocatoria del partido liderado por Leonel Fernández.
Paz sostuvo que la marcha fue “un éxito total” al movilizar entre 60,000 y 70,000 personas, y que el evento cumplió con todas las notificaciones legales previas, incluyendo el aviso al Ministerio de Interior y Policía. Dijo que la JCE había mostrado normalidad hasta que a su juicio “desde el PRM se activó una campaña mediática” para cuestionar la legalidad de la protesta.
El dirigente explicó que la intimación enviada por la JCE es, en realidad, “una exhortación sin fundamento jurídico”, pues el Tribunal Constitucional ha reconocido en dos sentencias el derecho de los partidos a realizar protestas fuera del período electoral. Por ello, informó que la Fuerza del Pueblo respondió mediante acto de alguacil solicitando la reconsideración del documento, ya que asevera contradice la Constitución y el propio precedente del tribunal.
Paz defendió que en la marcha no se proclamaron candidaturas ni se lanzaron consignas electorales, sino mensajes sociales vinculados al alto costo de la vida y al deterioro de los servicios públicos. Señaló que el “plátano a 40 pesos”, la “nevera vacía” y la crisis del Metro fueron los reclamos más repetidos por los asistentes.
El dirigente político reiteró que la Fuerza del Pueblo continuará ejerciendo su derecho constitucional a la protesta y advirtió que cualquier intento de limitar esa facultad “será enfrentado por las vías institucionales correspondientes”.
La organización opositora sostiene que la reacción del órgano electoral no solo carece de sustento jurídico, sino que además envía un mensaje equivocado en un momento en que según afirman la ciudadanía demanda mayores espacios de participación y expresión frente al deterioro económico y social. Paz insistió en que la Fuerza del Pueblo actuó “con absoluto apego a la ley”, reiterando que ni proclamaron candidaturas ni emitieron consignas electorales, por lo que cualquier señalamiento carece, a su juicio, de base constitucional.
Asimismo, el dirigente responsabilizó al oficialismo de intentar “criminalizar la protesta pacífica” para disminuir el impacto político de la multitudinaria “Marcha del Pueblo”. Recordó que el Tribunal Constitucional ya ha establecido precedentes claros sobre el derecho de los partidos a manifestarse fuera del período electoral. “No vamos a aceptar retrocesos ni presiones disfrazadas. El pueblo habló, se expresó en las calles y lo seguirá haciendo cuando sea necesario”, concluyó Paz, reafirmando que el partido continuará realizando actividades de reclamo social en los próximos meses.
