El Defensor del Pueblo y diversos sectores de la sociedad civil reclamaron este miércoles sanciones contundentes y ejemplares contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago hazim, y los demás implicados en el presunto desfalco de más de 15,000 millones de pesos, considerado uno de los mayores golpes al sistema de salud público del país.
Durante las reacciones, el movimiento Participación Ciudadana demandó que este caso marque un precedente real en la lucha contra la corrupción. La organización calificó el entramado como una operación “lesiva, burda y abusiva”, que afectó directamente el derecho fundamental a la salud de millones de dominicanos, dejándolos desprotegidos mientras se desviaban recursos destinados a atenciones médicas esenciales.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, recordó que los acusados deben ser juzgados bajo el debido proceso, pero subrayó que el país espera decisiones firmes y sentencias claras contra quienes resulten culpables. “La corrupción debe enfrentarse sin titubeos. Ningún dominicano debe perder sus derechos por dinero que alguien decidió robar”, afirmó.
El expediente del Ministerio Público detalla que el supuesto esquema liderado por Jacín operó mediante maniobras fraudulentas que habrían drenado al menos 15 mil millones de pesos, afectando la operatividad de Senasa y dejando a millones de asegurados sin cobertura oportuna. Especialistas como el doctor Rufino Senén Caba advirtieron que el problema va más allá de esta institución, señalando irregularidades profundas en hospitales de la red pública y obras inauguradas “a medias”.
Los consultados coincidieron en que el gobierno ha mostrado voluntad para enfrentar la corrupción, pero ahora es responsabilidad del Ministerio Público y el Poder Judicial enviar un mensaje contundente: que no habrá impunidad para quienes metan las manos en el patrimonio público.
