Tribunal De San Juan De La Maguana Sanciona A Juan Hubieres Y A Fenatrano Por Falta De Rendición De Cuentas

Un tribunal con asiento en San Juan de la Maguana (SJM) sancionó a Juan Hubieres del Rosario y a la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), tras acoger una demanda en rendición de cuentas interpuesta por socios de la Asociación de Dueños de Minibuses San Juan (Asodumín).

La decisión judicial se produce a raíz de una querella relacionada con la administración de terminales de transporte asumida por Fenatrano desde el año 2003, período durante el cual, según los demandantes, se habrían manejado más de 800 millones de pesos sin que se presentaran informes financieros ni se rindieran cuentas a los socios de la asociación.

De acuerdo con los alegatos presentados ante el tribunal, durante más de 22 años la dirigencia de Fenatrano habría administrado recursos colectivos sin la debida transparencia, incumpliendo los mecanismos internos de control y supervisión establecidos por la organización.

Los demandantes también denunciaron traspasos irregulares de terrenos pertenecientes a Asodumín a un consorcio privado, presuntamente sin la autorización de una asamblea formal. Señalaron que los inmuebles fueron transferidos a nombre del denominado consorcio de guaguas azules, vinculado a Juan Hubieres y a Antonio Brito, sin el consentimiento de los miembros de la asociación.

Según explicaron, estas acciones han tenido un impacto directo en los transportistas afiliados, quienes aseguran que se les ha limitado la posibilidad de operar rutas hacia la capital, impidiéndoles captar pasajeros en puntos estratégicos como la prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, tradicional punto de salida hacia la región sur.

Ante la gravedad de los hechos, el tribunal ordenó además la imposición de un astreinte, es decir, una multa diaria por cada día de retraso en la entrega de los informes financieros exigidos, como medida para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

Los accionantes hicieron un llamado a los órganos de control del Estado para que intervengan en el caso, al considerar que se trata de una administración prolongada de recursos colectivos que requiere una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.