Venezuela Abre El Negocio Del Petróleo A Compañías Privadas Con Reforma De La Ley De Hidrocarburos

El futuro de la economía venezolana entra en una nueva fase tras el inicio del debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos, un proyecto que busca abrir el sector petrolero a la privatización y facilitar la entrada de capitales extranjeros en la explotación y comercialización del crudo.

La discusión comenzó este jueves en la Asamblea Nacional y marca el primer paso formal hacia un modelo más flexible en una industria que durante años estuvo fuertemente centralizada por el chavismo. La iniciativa se enmarca en una etapa de distensión entre Caracas y Washington, apalancada en el negocio petrolero, luego del ataque militar y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Entre los cambios más relevantes, la reforma elimina la obligatoriedad del esquema de empresas mixtas —en las que el Estado tenía participación mayoritaria— como única vía para la inversión extranjera. A partir de ahora, empresas privadas domiciliadas en el país podrán participar directamente en el sector primario, mediante contratos suscritos con el Estado venezolano.

El proyecto ya fue aprobado en una primera discusión de las dos que exige el proceso legislativo. Durante la sesión, la bancada minoritaria de dirigentes opositores, encabezada por Henrique Capriles, se abstuvo tras una lectura rápida del articulado. Más temprano, el diputado Stalin González había denunciado en redes sociales que su grupo parlamentario no había recibido la propuesta de reforma. “Hablan de convivencia, pero sus prácticas excluyentes y discriminatorias siguen intactas”, escribió en Instagram.

A inicios de la semana, los diputados opositores también habían solicitado una discusión amplia del proyecto. “Quisiéramos saber cuál es el alcance de los nuevos acuerdos energéticos y qué se quiere cambiar de la ley. No le tengamos miedo al debate petrolero en este país”, expresó Capriles en una rueda de prensa.

Otro punto clave de la reforma es la modificación del porcentaje que corresponde al Estado venezolano por los volúmenes extraídos. La legislación vigente permite reducir del 30 % al 20 % esa participación cuando se trata de yacimientos maduros o de crudo extra pesado, como los de la Faja del Orinoco. El cambio propuesto ahora baja el porcentaje al 15 % para las empresas mixtas y lo mantiene en 20 % para las empresas privadas.

Asimismo, se autoriza la comercialización directa del crudo por parte de las compañías que lo exploten y se incorpora un artículo que establece que las controversias podrán resolverse en tribunales locales y mediante mecanismos de mediación y arbitraje independientes. No obstante, la propiedad de los yacimientos seguirá reservada al Estado venezolano.

El acceso al petróleo venezolano es una de las principales demandas de la Administración de Donald Trump, y el chavismo ha respondido con rapidez. Como parte de los nuevos acuerdos entre Caracas y Washington, ya se concretó una primera venta de crudo por 500 millones de dólares, de los cuales Venezuela habría recibido 300 millones.

La reforma, que aún debe superar una segunda discusión en la Asamblea Nacional, perfila un giro histórico en la política energética del país y podría redefinir el papel del Estado en la industria petrolera, pilar tradicional de la economía venezolana.