Capturan Exoficial Policial Acusado De Presunto Abuso Contra Niña De 8 Años En Matanzas

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La Policía Nacional y el Ministerio Público informaron la captura de Nicolás Núñez, un exoficial superior de la institución, de 60 años y actualmente pensionado, señalado como presunto responsable de un grave caso contra una niña de ocho años en la comunidad de Matanzas. El arresto se produjo mediante una labor coordinada entre autoridades dominicanas y agencias de seguridad de los Estados Unidos.

Según el informe oficial, el imputado enfrenta cargos por un presunto acto indebido contra la menor. Las autoridades indicaron que el exoficial policial habría intentado evadir la acción de la justicia abordando un vuelo con destino a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago.

Los organismos de seguridad lograron detectar su presencia en la terminal aérea y activaron los protocolos de alerta, impidiendo su salida del país. Posteriormente, procedieron con su detención para ponerlo a disposición del Ministerio Público y que responda ante los tribunales dominicanos.

Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes, y recordaron que este tipo de delitos conllevan sanciones severas conforme a la legislación vigente. Asimismo, destacaron la importancia de la cooperación internacional para evitar que personas imputadas por hechos graves intenten sustraerse de la justicia.

Penalidad por abuso infantil

En la República Dominicana, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes está tipificado en la Ley 136-03 (Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) y en el Código Penal. Estas normas establecen penas de prisión severas para quienes cometan actos de abuso, agresión o explotación sexual contra menores, con agravantes cuando existe relación de autoridad, confianza o parentesco, o cuando el hecho provoca daño físico o psicológico grave a la víctima.

Las condenas pueden alcanzar penas de entre 10 y 30 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y de las circunstancias del caso, además de multas, inhabilitación para ejercer cargos públicos o funciones que impliquen trato con menores, y otras medidas de protección para la víctima. La legislación dominicana prioriza la protección integral de los niños y la persecución efectiva de estos delitos, considerados de alta gravedad social.