Presidente Del PRM Respalda Sanciones A Funcionarios Que Descuenten Cuotas Políticas

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, afirmó ante la prensa que los cobros de cuotas políticas a empleados públicos no reflejan la línea del partido ni del Gobierno, al referirse a denuncias recientes sobre descuentos a servidores del Estado para financiar movimientos políticos afines al oficialismo.

“Eso no representa al Gobierno ni representa al PRM”, expresó Paliza, al subrayar que se trata de prácticas individuales que contravienen la política de transparencia impulsada por la actual administración.

Las declaraciones del dirigente oficialista se producen en medio de varios señalamientos contra funcionarios que habrían presionado a empleados bajo su cargo para aportar cuotas con fines políticos. En semanas recientes, el Poder Ejecutivo dispuso la destitución de directores por incurrir en este tipo de acciones, como ocurrió con Promipyme y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), en coherencia con la línea de “tolerancia cero” frente a prácticas contrarias a la ética pública.

Paliza respaldó la postura del presidente Luis Abinader frente a estos hechos y reiteró que ningún funcionario está autorizado a condicionar la permanencia laboral o el salario de empleados públicos a aportes partidarios. “El que incurra en eso se coloca fuera de la línea ética del Gobierno”, enfatizó.

El tema también ha sido abordado por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien ha reiterado que los descuentos, aun cuando se presenten como “voluntarios”, son improcedentes y vulneran los principios de integridad en la función pública.

Analistas y comunicadores han advertido que estas prácticas, aunque históricas en la política dominicana, hoy enfrentan mayores controles por la vigencia de nuevas normativas sobre compras y contrataciones, financiamiento de partidos y uso de recursos del Estado. En ese contexto, se llamó al PRM a reforzar sus mecanismos internos de supervisión para evitar que estas conductas afecten la credibilidad institucional.

Las autoridades reiteraron que toda denuncia será investigada y que los funcionarios que incurran en cobros indebidos a empleados públicos serán separados de sus cargos, como parte del compromiso oficial con la transparencia y la ética en la administración pública.