El arroz dominicano corre peligro
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, conocida en todo el agro como Confenagro, ha salido a la luz pública este martes con un mensaje claro y duro: la reciente derogación del Decreto 693-24 no es más que una puñalada traicionera hacia nuestros campesinos. Esta medida gubernamental, que elimina los aranceles protectores al arroz importado, representa un golpe directo y mortal para la producción nacional de este cereal tan esencial en la mesa dominicana.
En su nota de prensa, la entidad agropecuaria no ha dejado lugar a dudas: pedimos explicaciones inmediatas al Gobierno sobre qué medidas concretas adoptará para detener esta hemorragia. ¿Cómo se pretende proteger entonces al productor local si quitamos las herramientas que nos defendían? La pregunta es retórica en un país donde la seguridad alimentaria debe ser prioridad, no un experimento de mercado.
La balanza económica se inclina
No estamos hablando solo de granos secos en un silo; hablamos de miles de familias rurales que dependen del cultivo del arroz para su sustento diario. La Confederación advierte que esta decisión afecta gravemente el empleo rural, poniendo en jaque a las zonas donde la siembra y la cosecha son los únicos motores económicos. Si entra libremente el producto foráneo sin pagar tributo alguno, ¿qué futuro le espera al hombre del campo? Se corre el riesgo de que nuestras granjas queden vacías y nuestros trabajadores busquen empleo en cualquier lado.
- Seguridad alimentaria comprometida: Eliminar los aranceles no garantiza precios bajos para el consumidor; por el contrario, puede desincentivar la producción local, forzando a la nación a depender de importaciones volátiles.
- Impacto en la economía regional: Muchas comunidades dependen exclusivamente de esta cosecha. Su colapso tendría un efecto dominó devastador en las economías locales.
- Desprotección frente a lo foráneo: Sin el decreto 693-24, los productores nacionales compiten en desventaja total contra productos que pueden ser de menor calidad pero llegan más baratos artificialmente.
La Confederación recuerda que el decreto original establecía claramente que estas medidas permanecían vigentes hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria dictara lo contrario. Lo ocurrido rompe ese pacto tácito de defensa nacional y pone en jaque la soberanía del país frente a las fluctuaciones del mercado global.
En República Dominicana, donde la comida es el centro de nuestra cultura y nuestra identidad, no podemos permitir que decisiones tomadas desde un escritorio administrativo sacrifiquen a los hombres y mujeres que hacen crecer nuestros alimentos. La Confenagro exige transparencia total: ¿Quién aprobó esto? ¿Para quién se hizo? Y sobre todo, ¿qué plan B tenemos para asegurar que el arroz que comemos mañana sea producido por manos dominicanas, no solo traído de fuera?
El pueblo dominicano come con los ojos abiertos y no quiere ver cómo su plato principal se convierte en una mercancía barata importada mientras nuestros hermanos del campo sufren. La respuesta del gobierno debe ser rápida y contundente. Si la derogación es real, necesitamos un plan de rescate inmediato que priorice al productor nacional, genere empleo y garantice que el arroz dominicano siga siendo símbolo de nuestra tierra.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.