El pueblo dominicano se enfrenta a un nuevo golpe en su bolsillo, y esta vez la factura es brutal. La Federación de Periodistas (FP) ha dado voz al grito silencioso de millones de familias que ven cómo el costo de la vida se dispara sin piedad alguna. En su última denuncia pública, la organización sindical señala una subida vertiginosa en los combustibles que alcanza hasta un 95 %. No es una simple fluctuación de mercado; es una herida abierta en el presupuesto familiar de nuestros connacionales.
La cuenta fiscal no cuadra ni para un contador
Lo más alarmante no son solo los litros que se encarecen, sino la forma en que se han justificado estas medidas. Según la denuncia, existe una contradicción matemática que escandaliza a cualquier ciudadano con sentido común: mientras el Gobierno ha destinado RD$125 mil millones a subsidios estatales, la recaudación total del país entre 2021 y 2026 apenas ha alcanzado los RD$460 mil millones. ¿Cómo es posible que una partida de gasto específica represente casi un tercio de toda la riqueza recaudada en seis años?
Los números hablan por sí solos, pero el impacto humano es devastador. En Santo Domingo, en las provincias del Cibao y en la Valles, los transportistas, los pequeños comerciantes y los agricultores cargan con este peso. Cuando el precio de la gasolina sube a niveles que parecen ciencia ficción, el transporte de mercancías se detiene, los precios de los alimentos en las pulperías se disparan y el trabajo informal se vuelve imposible.
La FP no solo denuncia el precio, sino la opacidad con la que se ha fijado. Piden transparencia total en la determinación de estos costos cruciales. No basta con decir que es ‘una decisión económica’; cuando afecta a cada plato de comida y a cada viaje al trabajo, exige explicaciones claras y honestas. El ciudadano dominicano merece saber exactamente dónde va cada centavo y quién se beneficia realmente de este desbalance fiscal.
Un llamado a la responsabilidad ciudadana
Este escenario pone a prueba la resiliencia de nuestro pueblo. Mientras las instituciones debaten en salas cerradas sobre cifras complejas, en la calle la gente cuenta cada centavo. La denuncia de los periodistas de la FP es un recordatorio: el dinero público no debe ser derrochado en subsidios que pueden estar mal gestionados si al final pagan los más pobres con el aumento de precios.
Es hora de exigir una gestión fiscal responsable que priorice el bienestar social sobre los intereses de grupos selectos. La justicia económica no se negocia, pero sí requiere vigilancia ciudadana inquebrantable. Si los combustibles han aumentado un 95 %, es porque alguien ha decidido cargar ese costo con la espalda del dominicano promedio. Es imperativo que las autoridades respondan a estas acusaciones y garanticen que la recaudación pública se utilice para el bien común, no para financiar desequilibrios insostenibles.
El silencio ante esta realidad no es opción. La voz de los periodistas y de todos los sectores sociales debe ser escuchada: exijamos transparencia, pidamos precios justos y recordemos que en República Dominicana, la estabilidad económica no se construye sobre el dolor de las familias, sino sobre la equidad y la honestidad administrativa.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.