16 Nov 2026 · RD jablador.com
Política

Agropecuarios exigen títulos de propiedad tras 27 años de espera

La tierra de nuestros padres no puede ser un limbo administrativo

Hay una verdad que resuena fuerte en el campo dominicano y que duele hasta el alma: durante veintisiete largos años, cientos de familias y productores agropecuarios han vivido con la incertidumbre de no tener títulos de propiedad sobre los terrenos que cultivan, pagan y cuidan como si fueran su propia sangre. Hoy, ese grito de angustia se ha convertido en una exigencia pública y contundente: pedir títulos de propiedad tras 27 años de espera ininterrumpida.

Los profesionales del sector, quienes han dedicado sus vidas al trabajo duro bajo el sol caribeño, aseguran haber pagado íntegramente sus solares al Consejo Estatal del Azúcar. Sin embargo, a pesar de esos desembolsos realizados con honestidad y esfuerzo, la burocracia parece haberse convertido en una pared infranqueable que niega el reconocimiento legal de su posesión. Esto no es solo un trámite administrativo; es una cuestión de justicia social y económica para quienes sostienen la canasta de alimentos del país.

La situación actual genera un malestar profundo entre los trabajadores del campo. Imaginen dedicar años a limpiar tierras, plantar café, cacao o plátano, invertir en infraestructura y luego descubrir que no son dueños legales de nada de ello. La promesa de regularización se ha convertido en una eterna espera, alimentando el descontento y la sensación de abandono por parte del Estado. En República Dominicana, donde la tierra es vida, esta incertidumbre ataca directamente la base productiva de nuestra economía.

Frente a este embrollo burocrático, los afectados han lanzado una súplica directa: piden al presidente Luis Abinader intervenir personalmente para que se regularice su situación. No buscan favores personales, sino el cumplimiento del derecho consuetudinario y legal que les corresponde por haber cumplido con sus obligaciones financieras ante el Consejo Estatal del Azúcar. Ellos ven al Poder Ejecutivo como la única llave capaz de desenredar este nudo administrativo de décadas.

Es vital recordar que en un país como el nuestro, la seguridad jurídica es el cimiento sobre el cual se construye el desarrollo rural. Sin títulos de propiedad claros, no hay acceso a crédito bancario digno, no hay incentivos para invertir y no hay paz mental para las familias que habitan estas comunidades. La inacción ante este problema de veintisiete años de antigüedad no es solo negligencia administrativa; es una deuda histórica con el pueblo trabajador del agro.

Mientras tanto, el sector espera que la administración actual tome cartas en el asunto y priorice esta causa sobre otros temas menos urgentes. La voz del campo ha sido clara: queremos nuestras tierras regularizadas ya. No se trata de un reclamo más entre muchos, sino de un derecho fundamental que ha sido postergado demasiado tiempo por una maquinaria estatal lenta e insensible a la necesidad real de sus ciudadanos.

Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.

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