Ley De Compras Y Contrataciones Será Aprobada Este Año

Santo Domingo, junio 2025 – El diputado Gregorio Domínguez, presidente de la Comisión Especial encargada de reformar la normativa vigente, aseguró que este mismo año será aprobada la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, con el objetivo de modernizar el sistema y fortalecer la transparencia en los procesos estatales .

La iniciativa busca sustituir o actualizar la Ley No. 340‑06, vigente desde 2006, adaptándola a estándares internacionales actuales y contemplando sanciones más firmes por malversación y corrupción, además de sanciones por declaraciones falsas y deficiencias en la rendición de cuentas.

 También se espera incluir nuevas herramientas, como alertas automatizadas, digitalización completa de los procesos (para mejorar trazabilidad y eficiencia) y mecanismos que promuevan la inclusión de las MIPYMES en las licitaciones .

Durante el lanzamiento del Plan Estratégico Institucional de la DGCP 2025‑2028, el director Carlos Pimentel subrayó la necesidad de una “gestión más eficiente, transparente, íntegra e innovadora” en la administración pública. Reafirmó que la nueva ley será clave para actualizar los procedimientos actualmente regidos por reglamentos obsoletos—y para fortalecer los controles internos en compras gubernamentales.

La reforma ha sido ampliamente respaldada por diversos sectores sociales, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y gremios empresariales, que desde hace años exigen un marco normativo más robusto y moderno. Estos sectores han señalado que la ley actual presenta vacíos que permiten irregularidades, y consideran que la nueva legislación podría representar un hito en la lucha contra la corrupción administrativa en el país.

Uno de los puntos clave del nuevo proyecto es la creación de un sistema de seguimiento en tiempo real a las compras estatales, lo que permitiría a la ciudadanía y a los entes fiscalizadores monitorear los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos. Este mecanismo busca aumentar la confianza pública en las instituciones y asegurar que los recursos del Estado se usen con eficiencia y justicia.

Además, la nueva ley contempla mecanismos de participación ciudadana y mayores exigencias de cumplimiento ético para los suplidores del Estado. También busca eliminar las malas prácticas, como el fraccionamiento de contratos para evadir licitaciones, y garantizar que el 20% de las compras gubernamentales se destinen a micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo así el desarrollo económico inclusivo.