La realidad de las calles dominicanas se ha vuelto cada vez más sombría en los últimos meses, y la voz de quienes defienden el Estado de Derecho está resonando con mayor urgencia. Siete destacados penalistas han tomado posición frente a lo que califican como una situación inaceptable: la ausencia sistemática de justicia para las víctimas mortales a manos de agentes de seguridad pública.
La denuncia: 117 casos y un silencio sepulcral
Según informó Diario Libre, la agrupación legal ha puesto sobre la mesa cifras que estremecen. Desde el mes de septiembre, se han registrado hasta el momento no menos de 117 muertes de ciudadanos bajo el discurso oficial del «intercambio de disparos» o de las llamadas «muertes en acción legal». Esta retórica, tan común en los comunicados policiales, es ahora objeto de escrutinio feroz por parte de la sociedad civil organizada. Los abogados sostienen que detrás de cada balazo hay una historia de vida truncada y un silencio sepulcral del Ministerio Público (MP).
El término «silencio sepulcral» no es meramente retórico; describe una realidad procesal donde las investigaciones parecen estancarse o desaparecer sin dejar rastro. La denuncia apunta a que, lejos de ser actos aislados y fortuitos, estas muertes siguen un patrón preocupante que la institución fiscal debería estar analizando con lupa quirúrgica. Sin embargo, hasta el momento no se han detallado los nombres de las víctimas específicas ni los resultados de las investigaciones preliminares en este reporte, lo cual refuerza la percepción de opacidad.
Contexto: El debate sobre el uso letal de la fuerza
Para entender la gravedad de esta situación, es fundamental recordar el marco legal y social de República Dominicana. Nuestro país cuenta con la Constitución Política que garantiza el derecho a la vida como un bien inviolable, principio que debe ser respetado incluso por las fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones. El uso de la fuerza letal, aunque regulado por leyes y reglamentos internos de la Policía Nacional, ha sido objeto de intenso debate internacional y nacional en los últimos años.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas entidades observadoras han expresado preocupación recurrente por la alta tasa de mortalidad a manos de agentes estatales en el Caribe. En República Dominicana, este fenómeno no es nuevo; ha sido documentado en informes previos que señalan cómo el uso de la fuerza letal se convierte a menudo en una herramienta desproporcionada para la gestión de disturbios o controles de retención. La sociedad dominicana ha visto crecer su indignación ante casos emblemáticos donde jóvenes y ciudadanos comunes perdieron la vida sin que se aclarara plenamente la necesidad imperiosa del disparo.
El Ministerio Público, como órgano autónomo con funciones de investigación, tiene el deber constitucional de esclarecer todas las muertes sospechosas o no esclarecidas. Cuando este organismo no actúa con la celeridad y transparencia esperada, se erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia. La percepción de que hay un «cartel» de impunidad flotando sobre la capital y otras provincias es una herida abierta que dificulta la reconstrucción del tejido social.
¿Por qué importa este silencio?
A nuestro juicio, lo que está en juego no es solo el destino de 117 personas fallecidas desde septiembre, sino la legitimidad misma de las instituciones. Cuando un grupo de siete penalistas decide salir a la luz pública para denunciar una supuesta negligencia o omisión sistémica, están señalando que algo anda muy mal en la maquinaria fiscal. Si el MP no investiga estas muertes, ¿qué mensaje se envía a los ciudadanos? Que su vida vale menos que una orden de disparo.
A quién afecta esto directamente: a las familias de las víctimas, quienes buscan respuestas y justicia; a los policías honestos que quieren ejercer sus funciones sin arriesgar la vida inocente; y a toda la sociedad dominicana que ve cómo el miedo se instala en ciertas zonas. La falta de investigación también afecta a los propios funcionarios públicos, ya que una cultura de impunidad corre el riesgo de normalizar prácticas abusivas o temerarias.
Cabe preguntarse qué sigue si este grupo de abogados no logra obtener resultados tangibles del Ministerio Público. ¿Será necesario acudir a organismos internacionales? ¿Habrá manifestaciones masivas en las plazas dominicanas? Estas son preguntas abiertas que la ciudadanía se hace diariamente mientras ven pasar los titulares sobre nuevas víctimas.
La cruzada de Balcácer, Sierra Pérez y sus compañeros representa un esfuerzo por mantener viva la llama de la verdad. En un país donde el periodismo y la sociedad civil a veces parecen cansados de escuchar las mismas versiones oficiales sin cambios, estas voces son vitales. Ellos nos recuerdan que el derecho a la vida no es negociable y que el silencio ante una tragedia masiva es, en sí mismo, una forma de complicidad.
Conclusión: Un llamado a la acción
En conclusión, la denuncia presentada por este grupo de penalistas debe ser tomada en serio por todas las autoridades y por la sociedad dominicana. No podemos permitir que 117 muertes se conviertan en estadísticas frías dentro de un expediente olvidado. El «silencio sepulcral» del Ministerio Público, tal como lo describen los abogados, es una urgencia que requiere intervención inmediata. La justicia no puede esperar a que el cuerpo físico de la víctima ya no esté presente; la justicia debe ser veloz y efectiva para evitar que la impunidad se arraigue.
Es responsabilidad de todos —ciudadanos, medios de comunicación y otras instituciones— vigilar que estos casos sean tratados con la seriedad que merecen. Solo con transparencia, investigaciones independientes y resultados visibles podremos empezar a sanar las heridas abiertas en nuestra nación. La historia reciente de República Dominicana nos enseña que cuando el Estado actúa con integridad, la sociedad avanza; pero cuando hay omisión, el retroceso es doloroso y largo de reparar.
