Rechazo A Condena De 10 Años Contra Pastor Acusado De Abusar De Menores

Los presidentes de diferentes sectores del municipio de Los Alcarrizos manifestaron su rechazo a la sentencia de 10 años de prisión impuesta al pastor evangélico Joan Manuel Castillo Ortega, hallado culpable de abusar sexualmente de varias menores en su iglesia. Según estos líderes comunitarios, la pena no refleja el daño causado a las víctimas.

El cuarto tribunal colegiado de Santo Domingo Oeste determinó que Castillo Ortega debía cumplir una década en prisión por los abusos cometidos contra niñas y adolescentes, además de pagar una multa de 100,000 pesos al Estado y un millón de pesos como indemnización a las víctimas. Las denuncias en su contra comenzaron en 2024, evidenciando cómo se valía de su jerarquía religiosa para cometer los delitos.

Vecinos de las afectadas expresaron su indignación y pidieron penas más severas. “Tiene que haber justicia porque no pueden quedar esas cosas impunes. Esos casos así es darle de 20 años para allá a la gente que comete esos errores”, señaló una de las residentes. Asimismo, instaron a los padres a no confiar ciegamente en figuras religiosas que utilizan la palabra de Dios para sus fines ilícitos.

Por su parte, Salvador Disla, propietario de un negocio ubicado cerca de la iglesia donde ocurrieron los hechos, manifestó sorpresa ante la condena: “Yo nunca vi en ese hombre nada malo, un muchacho que solo hacía el bien aquí”. A pesar de estas declaraciones, la comunidad exige que se cumpla justicia y que se proteja a las niñas de posibles abusos en el futuro.

El caso ha generado preocupación en los sectores religiosos y educativos del municipio, quienes aseguran que la prevención y vigilancia deben ser prioridad para evitar que menores sean víctimas de adultos que se aprovechan de su posición. Líderes comunitarios anunciaron que organizarán talleres y charlas de orientación para padres y tutores.

Mientras tanto, la iglesia donde ocurrieron los abusos continúa operando, lo que ha generado críticas de vecinos que consideran que se debería cerrar el local hasta que se garantice la seguridad de los menores. La comunidad exige mayor control y supervisión de instituciones que atienden a niños y adolescentes.