Más De RD$3,000 Millones: Condenan A Cuñado De Danilo Medina Por Corrupción

El cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Gerardo Montilla Sierra, deberá devolver al Estado dominicano más de RD$3,000 millones tras admitir actos de corrupción en el sistema eléctrico. La decisión fue tomada por el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que homologó el acuerdo entre Montilla y el Ministerio Público.

Según informó el Ministerio Público, el juez Raimundo Mejía aprobó el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado, mientras Montilla deberá pagar además RD$600 millones en indemnización a las empresas distribuidoras de electricidad (EDESUR, EDESTE y EDENORTE) por los perjuicios ocasionados. También deberá disolver 10 empresas y abonar más de RD$431 millones a la Dirección General de Impuestos Internos, así como ceder un terreno en el Ensanche valorado en más de RD$50 millones.

El Ministerio Público detalló que Montilla utilizó sus empresas para participar de manera fraudulenta en contratos públicos, violando las normativas estatales y obteniendo adjudicaciones ilícitas que afectaron el patrimonio del Estado. Además, habría aprovechado su cercanía con el poder político para acceder a información privilegiada, monopolizar el suministro en el sector eléctrico y manipular plazos de entrega, cometiendo estafa contra el Estado.

Este caso se enmarca dentro del proceso que también involucra a Alexis Medina y otros colaboradores, evidenciando cómo la corrupción dentro del sistema eléctrico impactó las finanzas públicas y la confianza en las instituciones.

Las autoridades destacaron que la condena de Montilla representa un paso importante en la lucha contra la corrupción en el país, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad de los funcionarios y sus familiares en el manejo de recursos públicos. Además, señalaron que la recuperación de estos fondos contribuirá a resarcir los daños causados al sistema eléctrico y al Estado dominicano.

Expertos en derecho y transparencia afirmaron que este caso podría sentar un precedente para futuros procesos contra personas vinculadas al poder político que cometan actos de corrupción. Asimismo, recalcaron la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en los contratos públicos para prevenir nuevas irregularidades.