El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a legisladores y abogados constitucionalistas, descartó este jueves la posibilidad de apoyar una nueva modificación a la Constitución dominicana destinada a habilitar políticamente al expresidente Danilo Medina y al presidente Luis Abinader. Aseguran que la propuesta “riñe con la democracia” y que el país debe enfocarse en aprobar leyes pendientes como el referéndum y el plebiscito, en lugar de reabrir el debate constitucional.
De los Santos sostuvo que no existe ninguna línea partidaria que impulse esa reforma y que, a menos de un año de la última modificación, volver a tocar la Carta Magna sería improcedente. Recordó que la Constitución ha sido modificada en 40 ocasiones, la mayoría con fines políticos, excepto la reforma del 2024, promovida por Abinader, que cerró definitivamente la reelección presidencial.
Los senadores consultados coincidieron en que la estabilidad democrática debe preservarse y que una reforma sin necesidad real solo debilitaría la confianza en las instituciones. Recordaron que el propio Abinader tomó la decisión de colocar “candados constitucionales” para impedir que cualquier presidente se perpetúe en el poder, por lo que habilitarlo ahora sería “violar sus propios principios”.
Abogados constitucionalistas señalaron que antes de pensar en otra reforma, el país debe completar la aprobación de leyes pendientes desde la reforma del 2010. Insistieron en que el texto constitucional proclamado en 2024 debe desarrollarse y aplicarse plenamente, dejando atrás el ciclo de modificaciones recurrentes.
Los legisladores reiteraron que, aunque respetan las opiniones de quienes proponen el cambio, no apoyarán ninguna iniciativa que altere nuevamente la Constitución sin un consenso nacional claro y una necesidad real. Añadieron que insistir en habilitar a dos expresidentes podría erosionar gravemente la credibilidad en la democracia dominicana.
Además, distintos sectores sociales han expresado preocupación por el impacto que tendría reabrir el debate constitucional en un momento de relativa estabilidad política. Organizaciones civiles advierten que impulsar una reforma con fines de habilitación electoral podría generar tensiones innecesarias y distraer al país de prioridades urgentes como la seguridad, la economía y la institucionalidad, subrayando que la Constitución debe ser un pacto duradero y no un instrumento adaptable a intereses coyunturales.
