Propuesta Del CONEP De Reforma Fiscal Divide Opiniones Entre Economistas Y Políticos

La propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de impulsar una reforma fiscal ha generado una ola de reacciones encontradas, pese a que el presidente Luis Abinader aseguró que el Gobierno no contempla modificaciones tributarias para enero del próximo año. El planteamiento del sector empresarial toma fuerza en un contexto donde la baja recaudación del ITEBIS sigue siendo uno de los principales retos fiscales del país.

El decano de la Facultad de Economía de la UASD, Antonio Ciriaco, respaldó la posición del empresariado y afirmó que la situación fiscal dominicana debe ser asumida por el Estado tarde o temprano. Sin embargo, aclaró que cualquier reforma debe ir acompañada de un aumento salarial que compense el impacto en los trabajadores. Ciriaco advirtió que el elevado compromiso con la deuda pública y el gasto en intereses limitan la capacidad del Estado para ejecutar políticas expansivas y atender necesidades estructurales.

En su argumento, el CONEP sostiene que el Estado solo logra recaudar el 34 % del ITEBIS que debería percibir, una brecha que revela un alto nivel de evasión fiscal. Sobre este punto, otros economistas cuestionan dónde queda el 66 % restante y señalan directamente la evasión por parte de sectores empresariales. Algunos críticos consideran que antes de plantear una reforma, el Gobierno debe atacar de manera frontal este problema.

Pese a los argumentos técnicos, sectores políticos advierten que impulsar una reforma fiscal en este momento podría representar un costo político para el oficialismo. Analistas consideran que cualquier modificación impositiva impactaría no solo al Gobierno, sino también a los futuros candidatos que presente el partido en el poder.

En las últimas cuatro décadas, República Dominicana ha implementado al menos 15 reformas fiscales, un historial que refleja la complejidad y recurrencia del tema. Mientras el debate continúa, el país permanece en expectativa ante una discusión que, una vez más, vuelve a dividir posiciones entre el sector empresarial, la academia y los actores políticos.