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José M. Hoepelman: ‘¿Compras Y Contrataciones Puede No Tener Ningún Tipo De Responsabilidad Penal?’

October 08 , 2024

 

El abogado José M. Hoepelman afirmó que la Dirección General de Compras y Contrataciones no debería enfrentar responsabilidad penal en relación con los hechos denunciados en el caso Transcatán, el cual ha generado gran controversia en el país. Durante una entrevista, Hoepelman comentó sobre la reciente acusación que involucra actos de terrorismo y otros delitos administrativos, sosteniendo que, desde una perspectiva jurídica, algunos de los cargos presentados no encajan en las tipificaciones penales actuales.

Refiriéndose a la definición legal de terrorismo, Hoepelman señaló que las conductas descritas en el expediente no corresponden a lo que tradicionalmente se define como terrorismo. “El terrorismo implica la intención de causar terror generalizado o desestabilizar instalaciones con un fin intimidatorio, lo cual no parece ser el caso aquí”, explicó el abogado.

En cuanto al papel de la Dirección General de Compras y Contrataciones, Hoepelman fue claro en señalar que este organismo tiene una función consultiva y de verificación posterior de los procesos de licitación. “La responsabilidad final de un proceso de licitación recae sobre las entidades que lo llevan a cabo, no sobre la Dirección de Compras y Contrataciones, que no se involucra directamente en la ejecución del proceso”, comentó.

Hoepelman también subrayó que, si bien el Ministerio Público ha presentado pruebas preliminares, estas deben ser materializadas con evidencias contundentes para poder confirmar los hechos, especialmente en un caso que podría ser declarado complejo debido a la cantidad de personas involucradas y la multiplicidad de actos.

La opinión del abogado ha generado debate, dado que algunos sectores esperan que todas las entidades involucradas en el proceso de contratación sean investigadas a fondo. Sin embargo, Hoepelman reiteró que, a su juicio, la responsabilidad de la Dirección General de Compras es limitada y no debería derivar en cargos penales bajo las circunstancias actuales.

Este comentario surge en medio de la investigación por presuntas irregularidades en los contratos de la empresa Transcatán, lo que ha llevado a interrogatorios y detenciones de varios funcionarios y empresarios.