Alicia Ortega Investiga A Fondo El Caso Camaleón Y Desvela Detalles Sobre El Control De La Red Semafórica

En el informe con la periodista Alicia Ortega ha desvelado los turbios detalles sobre el caso conocido como “Camaleón”, donde siete imputados han sido señalados por el Ministerio Público como los responsables de crear una organización criminal destinada a beneficiarse económicamente a través de contratos millonarios relacionados con la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Según el informe, los acusados habrían manipulado el proceso de licitación para favorecer a empresas que, a pesar de no cumplir con los requisitos técnicos necesarios, fueron seleccionadas antes de que el aviso de licitación fuese publicado en el portal institucional. Las autoridades han indicado que esta selección se realizó como si se tratara de un “traje a la medida”.

El control del sistema de monitoreo de la red semafórica fue calificado por los fiscales como “absoluto”, y a este se sumaron múltiples cámaras de vigilancia que fueron colocadas en diversos puntos de la capital, incluyendo logotipos de agencias de seguridad pública, sin contar con la debida autorización.

Entre los implicados se encuentran figuras destacadas como Jochi Gómez, propietario de la empresa Aurix, y Hugo Veras, exdirector del Intrant. El Ministerio Público asegura que el grupo implementó un complejo esquema de espionaje y realizó extracciones ilegales de información, incluyendo la intervención en comunicaciones telefónicas.

Durante más de cuatro horas, las autoridades llevaron a cabo allanamientos simultáneos en la capital, resultando en la detención de los siete sospechosos, quienes llegaron al Palacio de Justicia pasadas las dos de la mañana del jueves. Las acusaciones incluyen la creación de una asociación ilícita que estafó al Estado dominicano en un monto superior a los 1,300 millones de pesos.

El informe detalla cómo las empresas implicadas fueron elegidas de manera fraudulenta para ejecutar contratos, a pesar de su falta de experiencia y capacidades técnicas, lo que ha levantado numerosas alarmas sobre la transparencia en la contratación pública en el país.

Además, Ortega señala que se han levantado serias dudas sobre cómo se montó un sistema de cámaras sin que las autoridades pertinentes pudieran interceder en el momento de la instalación. Las cámaras, algunas de las cuales llevaban logotipos de la policía, fueron encontradas en diversas localizaciones y, según la investigación, no hay claridad sobre quiénes han estado monitoreando las imágenes captadas.

El informe de Alicia Ortega ha puesto en jaque a las autoridades, cuestionando la integridad de los procesos de contratación y la vigilancia gubernamental sobre estos procedimientos. A medida que el caso avanza, se esperan más interrogantes y potenciales revelaciones sobre un escándalo que podría sacudir las bases de la corrupción en la administración pública dominicana.

La audiencia de medidas de coerción para los implicados está programada para el próximo martes.