Inicio del caso Odebrecht en la SCJ

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Foto: Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia

El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) iniciará mañana el proceso penal, en única instancia, a los acusados por el Ministerio Público de recibir 92 millones de dólares de Odebrecht, como soborno para la obtención y ejecución de las obras públicas pagadas por el Estado, y sobrevaluadas en su construcción por la compañía brasileña.

El juez de la SCJ, en funciones de instrucción, Francisco Ortega Polanco, encontró méritos para la acusación en seis de los casos. Aunque se dijo que del Congreso Nacional habrían participado varios, sólo quedó señalado el senador de San Cristóbal Tommy Galán, que ha sido quien ha posibilitado que el caso siga en jurisdicción privilegiada.

El Ministerio Público señaló a 15 personas como receptores de los sobornos, y 9 quedaron posteriormente excluidas, 8 por decisión de la Procuraduría General de la República, y uno por decisión de Francisco Ortega Polanco. Los excluidos fueron tres miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana: Temístocles Montás, Radhamés Segura y Julio César Valentín, tres ex legisladores: Alfredo Pacheco, Ruddy González y Jesús Vásquez, dos técnicos: Bernardo Castellanos y Máximo D´Oleo, y un ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales: César Sánchez.

Se mantienen como acusados los señores Angel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrad Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez y Tommy Galán.

La SCJ ha fijado el 12 de septiembre como fecha de inicio, a partir de las tres de la tarde, y ha establecido los días miércoles, jueves y viernes de cada semana para conocer el proceso. Es un juicio poco común, y no parece haber ninguna regla para este juicio, salvo las que pueda ir estableciendo y dando a conocer la Suprema Corte de Justicia. El marco del trabajo del Pleno, en cuanto a las pruebas admisibles, quedó establecido en la resolución del magistrado Francisco Ortega Polanco.

Se desconoce si el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, como cabeza de los investigadores y acusadores, se presentará a defender por sí mismo el expediente acusatorio o si se hará representar. Lo más probable es que continúe haciendo lo que ha hecho hasta el momento: Hacerse representar por procuradores adjuntos. Lo deseable es que demuestre su valía y acuda a defender un expediente que se atribuye fundamentalmente a él, más que a cualquiera de los investigadores.

La SCJ ha establecido ya un modelo de seguimiento para los medios de comunicación. Hubo que acreditar a los periodistas que darán seguimiento al proceso. Ya los abogados de Angel Rondón han establecido la estrategia de presentación de testigos que tienen: llamarán a más de medio congreso, senadores y diputados, para demostrar la inocencia del representante comercial de Odebrecht en el país.

Otros elementos tendrán que salir respecto a la investigación y gestión del Ministerio Público, y la selectividad en los señalados como únicos responsables de los sobornos, aparte de no haber realizado ninguna gestión para conseguir declaraciones directas de Marco Antonio Vasconcelos Cruz, representante principal de Odebrecht en el país durante varios años y negociador de casi todos los contratos. Tampoco se sabe nada sobre las últimas revelaciones de los medios de comunicación, sobre 39 millones de dólares distribuidos entre allegados al gobierno y vinculados con el caso de Punta Catalina. Ese expediente parece no tener el interés de los investigadores.

Nuevamente seremos testigos de las acusaciones de un expediente débil, mal presentado y peor documentado, que tendrá pocas consecuencias jurídicas y que tendrá que seguir siendo investigado.

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