Month: May 2025

Santo Domingo.– En la primera reunión de la comisión encargada de la fusión entre el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Ministerio de Agricultura, se confirmó que más de 3,200 empleados públicos serán cancelados, pensionados o promovidos de categoría como parte del proceso de fortalecimiento institucional. Contrario a los temores de una eliminación del IAD, el gobierno aseguró que la iniciativa busca consolidar y mejorar la reforma agraria nacional.

El informe fue presentado por Francis Zavala, quien aclaró que el proceso no representa una desarticulación del IAD, sino una reestructuración que permitirá optimizar los servicios y garantizar los derechos de todos los involucrados. “Hay personas mayores de 65 años que pasarán a pensión, otras que no ejercen funciones serán liquidadas sin perder ninguno de sus derechos, y los técnicos serán promovidos“, explicó Zavala.

Tanto el ministro de Agricultura, Limber Cruz, como el de Administración Pública, reafirmaron que ningún parcelero será afectado negativamente y que los programas del IAD seguirán operando con mayor eficiencia. “Esto no se está haciendo con prisa, sino con responsabilidad. Todos los derechos serán respetados y los procesos, remozados”, afirmó Cruz.

La comisión de fusión, creada mediante los decretos 115-25 y 209-25, sostuvo que el objetivo central es fortalecer la reforma agraria, asegurar los títulos definitivos para los beneficiarios y canalizar más recursos al sector agropecuario.

En respuesta a las críticas de partidos como Fuerza del Pueblo y el PLD, el ministro Cruz fue enfático: “Después que ustedes lean este documento, sería bueno que también le llegue a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Aquí no se está hablando de eliminar derechos, todo lo contrario: esto es para beneficiar a más personas y llevar más recursos”.

La comisión acordó mantener reuniones mensuales para dar seguimiento al proceso y garantizar la participación de todos los actores involucrados.

Santo Domingo.– En la primera reunión de la comisión encargada de la fusión entre el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Ministerio de Agricultura, se confirmó que más de 3,200 empleados públicos serán cancelados, pensionados o promovidos de categoría como parte del proceso de fortalecimiento institucional. Contrario a los temores de una eliminación del IAD, el gobierno aseguró que la iniciativa busca consolidar y mejorar la reforma agraria nacional.

El informe fue presentado por Francis Zavala, quien aclaró que el proceso no representa una desarticulación del IAD, sino una reestructuración que permitirá optimizar los servicios y garantizar los derechos de todos los involucrados. “Hay personas mayores de 65 años que pasarán a pensión, otras que no ejercen funciones serán liquidadas sin perder ninguno de sus derechos, y los técnicos serán promovidos“, explicó Zavala.

Tanto el ministro de Agricultura, Limber Cruz, como el de Administración Pública, reafirmaron que ningún parcelero será afectado negativamente y que los programas del IAD seguirán operando con mayor eficiencia. “Esto no se está haciendo con prisa, sino con responsabilidad. Todos los derechos serán respetados y los procesos, remozados”, afirmó Cruz.

La comisión de fusión, creada mediante los decretos 115-25 y 209-25, sostuvo que el objetivo central es fortalecer la reforma agraria, asegurar los títulos definitivos para los beneficiarios y canalizar más recursos al sector agropecuario.

En respuesta a las críticas de partidos como Fuerza del Pueblo y el PLD, el ministro Cruz fue enfático: “Después que ustedes lean este documento, sería bueno que también le llegue a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Aquí no se está hablando de eliminar derechos, todo lo contrario: esto es para beneficiar a más personas y llevar más recursos”.

La comisión acordó mantener reuniones mensuales para dar seguimiento al proceso y garantizar la participación de todos los actores involucrados.

Santo Domingo — Una escena de tensión se vivió este jueves en la residencia de Miguelina Suberví, hija del fallecido dirigente político Fello Suberví, luego de que las autoridades judiciales ejecutaran un allanamiento solicitado por los propios hijos del exalcalde.

Agentes del Ministerio Público, acompañados de fuerzas del orden y una magistrada, irrumpieron en la vivienda para ejecutar una orden judicial, en medio de protestas y reclamos por parte de los familiares. “No, ya no ni nunca. Aquí no hay armas“, fue una de las expresiones repetidas por los presentes al momento de la entrada de los agentes, que exigían colaboración para cumplir con el procedimiento.

Según se pudo escuchar en grabaciones del momento, los ocupantes de la vivienda pedían ver el documento oficial que certificaba la recusación de la magistrada actuante, algo que, alegan, nunca les fue notificado formalmente. “Yo quiero ver el documento. Tengo derecho a verlo”, insistió Miguelina Suberví, quien también solicitó la presencia de un médico debido a la condición de salud de un paciente en la casa.

La situación escaló con un intercambio verbal intenso. “Ya ustedes invadieron mi hogar”, exclamó Suberví, mientras un miembro del Ministerio Público justificaba la medida amparándose en el mandato judicial y la supuesta negativa previa a permitir el ingreso voluntario. La magistrada insistió en que contaban con autorización para abrir todas las puertas del lugar.

Los familiares acusaron al Ministerio Público de actuar con una agenda oculta y de violar la tranquilidad del hogar. “Yo conozco todo el entramado y sé lo que se está moviendo”, afirmó Suberví, sugiriendo que detrás del procedimiento hay intereses políticos o personales.

El operativo fue parte de una diligencia judicial anunciada en el tribunal de la Socorro Sánchez, aunque los residentes alegaron no haber sido informados de que se trasladarían a su vivienda ese mismo día. La intervención culminó sin incidentes mayores, aunque bajo un ambiente tenso y con la promesa de continuar por la vía legal para esclarecer lo ocurrido.

SANTO DOMINGO. — Un operativo de la Dirección General de Migración (DGM) realizado en un establecimiento comercial en la avenida Duarte ha sido calificado como “arbitrario y violento” por empleados del lugar, quienes denunciaron agresiones físicas contra uno de sus compañeros y otros presentes.

“Subieron para allá arriba. Cuando ellos subieron, se estaban llevando el muchacho, lo tiraron en el piso y le pisaron la cabeza. Y eso no se puede, porque si usted lo entra a buscar, usted no puede maltratarlo ni darle golpe”, relató una de las trabajadoras visiblemente indignada.

El incidente ocurrió durante la detención de un ciudadano haitiano, quien según testimonios de sus compañeros, tiene sus documentos en regla y labora de manera legal en el país. Imágenes captadas por celulares muestran el altercado entre varios agentes de Migración y empleados del negocio, quienes intentaban mediar en la situación.

“Una de nosotras le dio una galleta a uno de ellos. Ellos querían también darle al jefe. Ellos querían darle al jefe también”, añadió otra trabajadora.

Las denunciantes aseguraron que su reacción no fue en defensa de una nacionalidad específica, sino en contra del uso excesivo de la fuerza: “Nosotras no estamos apoyando a los haitianos. Que conste, nosotras no estamos apoyando el maltrato. Porque si ellos entran y se lo llevan, normal, no importa. Pero ellos son gente igual que uno”.

Hasta el momento, la DGM no ha ofrecido una versión oficial sobre el procedimiento ni sobre el estatus migratorio del detenido.

El hecho ha provocado reacciones en redes sociales, donde se exige una investigación transparente sobre el actuar de los agentes involucrados.

SANTO DOMINGO. — Un operativo de la Dirección General de Migración (DGM) realizado en un establecimiento comercial en la avenida Duarte ha sido calificado como “arbitrario y violento” por empleados del lugar, quienes denunciaron agresiones físicas contra uno de sus compañeros y otros presentes.

“Subieron para allá arriba. Cuando ellos subieron, se estaban llevando el muchacho, lo tiraron en el piso y le pisaron la cabeza. Y eso no se puede, porque si usted lo entra a buscar, usted no puede maltratarlo ni darle golpe”, relató una de las trabajadoras visiblemente indignada.

El incidente ocurrió durante la detención de un ciudadano haitiano, quien según testimonios de sus compañeros, tiene sus documentos en regla y labora de manera legal en el país. Imágenes captadas por celulares muestran el altercado entre varios agentes de Migración y empleados del negocio, quienes intentaban mediar en la situación.

“Una de nosotras le dio una galleta a uno de ellos. Ellos querían también darle al jefe. Ellos querían darle al jefe también”, añadió otra trabajadora.

Las denunciantes aseguraron que su reacción no fue en defensa de una nacionalidad específica, sino en contra del uso excesivo de la fuerza: “Nosotras no estamos apoyando a los haitianos. Que conste, nosotras no estamos apoyando el maltrato. Porque si ellos entran y se lo llevan, normal, no importa. Pero ellos son gente igual que uno”.

Hasta el momento, la DGM no ha ofrecido una versión oficial sobre el procedimiento ni sobre el estatus migratorio del detenido.

El hecho ha provocado reacciones en redes sociales, donde se exige una investigación transparente sobre el actuar de los agentes involucrados.

SANTO DOMINGO. — Un operativo de la Dirección General de Migración (DGM) realizado en un establecimiento comercial en la avenida Duarte ha sido calificado como “arbitrario y violento” por empleados del lugar, quienes denunciaron agresiones físicas contra uno de sus compañeros y otros presentes.

“Subieron para allá arriba. Cuando ellos subieron, se estaban llevando el muchacho, lo tiraron en el piso y le pisaron la cabeza. Y eso no se puede, porque si usted lo entra a buscar, usted no puede maltratarlo ni darle golpe”, relató una de las trabajadoras visiblemente indignada.

El incidente ocurrió durante la detención de un ciudadano haitiano, quien según testimonios de sus compañeros, tiene sus documentos en regla y labora de manera legal en el país. Imágenes captadas por celulares muestran el altercado entre varios agentes de Migración y empleados del negocio, quienes intentaban mediar en la situación.

“Una de nosotras le dio una galleta a uno de ellos. Ellos querían también darle al jefe. Ellos querían darle al jefe también”, añadió otra trabajadora.

Las denunciantes aseguraron que su reacción no fue en defensa de una nacionalidad específica, sino en contra del uso excesivo de la fuerza: “Nosotras no estamos apoyando a los haitianos. Que conste, nosotras no estamos apoyando el maltrato. Porque si ellos entran y se lo llevan, normal, no importa. Pero ellos son gente igual que uno”.

Hasta el momento, la DGM no ha ofrecido una versión oficial sobre el procedimiento ni sobre el estatus migratorio del detenido.

El hecho ha provocado reacciones en redes sociales, donde se exige una investigación transparente sobre el actuar de los agentes involucrados.